Curiosamente, las reformas de gran calado que ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no están en el ámbito del Poder Ejecutivo -que le corresponde encabezar a partir del primero de diciembre-, sino de los otros dos poderes, particularmente el Judicial, y de manera específica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta semana, en medio de una apretada agenda política y diplomática, López Obrador retomó dos temas que serán fundamentales en su gobierno: la creación de un Tribunal Constitucional –con lo que quitaría no sólo el sueldo sino todo el poder a los actuales ministros de la Corte- y la elaboración de una Constitución moral, de la cual ya nos hemos ocupado en este espacio.

De tal forma, el presidente electo anularía el enorme poder del máximo tribunal del país con el que nunca ha tenido empatía -“¿Saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México, se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo? Nada”, dijo durante un acto de campaña en el Estado de México-, y a cambio, formaría un nuevo Tribunal de pleno poder con personajes muy reconocidos, pero fundamentalmente, afines a su proyecto.

Pese a sus críticos, la propuesta de crear un Tribunal Constitucional no es nueva, de hecho estaría inspirada en el modelo europeo y sería un órgano autónomo separado del Poder Judicial. A pesar de que AMLO lo había venido anunciando de años atrás, nadie lo tomó en serio; nunca había resultado tan factible como ahora, pues tras las elecciones, Morena y sus aliados obtuvieron no sólo la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, sino en 19 congresos locales.

Esta realidad, coinciden diversos especialistas en derecho constitucional, le permitiría fácilmente modificar la Carta Magna del país, pues para ello la ley establece que se requiere una mayoría de dos terceras partes del Congreso y la aprobación de por lo menos 17 congresos estatales; López Obrador tiene 19, entre ellos por supuesto, el de Veracruz.

Una de las posibilidades que se han comentado respecto a los nombramientos es que se mantenga el procedimiento que se utiliza para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se queden en el cargo el mismo tiempo, es decir, 15 años.

Por su parte, el abogado constitucionalista, César Astudillo, comenta que otro de los factores clave será el de calibrar las competencias que tendrán la SCJN y el Tribunal que se encargará de ver todo lo que a temas constitucionales respecta, de lo contrario se podrían llegar a generar enfrentamientos entre ambos órganos, algo que ya se ha visto en otros países como España.

“Si no se calibran bien las competencias de cada uno se podría llegar a dar lugar a muchas tensiones. Pues si se pretende seguir el modelo europeo, como se ha venido diciendo, el Tribunal Constitucional podría revisar las sentencias del Tribunal Supremo (órgano equivalente a la SCJN)”.

Así que la amenaza de que les reduzcan el sueldo debe ser la preocupación menor de los ministros de la Corte; con la llegada de su ex compañera Olga Sánchez Cordero al Senado –lo que aceleraría el proceso de creación del Tribunal Constitucional- y posteriormente a la Secretaría de Gobernación, muchas cuentas serán saldadas.

Y ya entrado en gastos, López Obrador volvió a mencionar la creación una nueva Constitución moral, donde al parece los “constituyentes” están llamados a ser investigadores, filósofos, artistas, amas de casa, profesionistas, campesinos e indígenas, por mencionar sólo algunos. “Esta idea se sustenta en que “no solo se debe buscar un bienestar material, sino también un bienestar del alma, fortalecer valores culturales, morales, espirituales”, volvió a decir este miércoles.

En campaña delineó un poco más lo que entiende por “Constitución Moral”: bajo el principio de que la reconciliación nacional sólo puede lograrse mediante el amor (la república amorosa a la que ha hecho alusión en diferentes ocasiones), argumenta que mejorar las condiciones materiales de la población es importante, pero en la misma medida lo es recuperar valores morales.

Pero como aquí se publicó hace algunas semanas, lo que propone el presidente electo obligaría a los ciudadanos a conducirse en la forma que él cree que es la correcta: su concepto personal de moralidad. ¿Cuál sería la moral?, pues la suya, que para eso tendrá al Tribunal Constitucional, al Congreso de la Unión –senadores y diputados juntos-, y dos terceras partes de los Congresos estatales.

No cabe duda que López Obrador tiene prisa por gobernar.

Las del estribo…

1. Resulta que la ex ministra de la SCJN y próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asumirá el cargo de Senadora de la República el primero de septiembre. Y no se trata de que le haga falta el salario; el paquete de reformas que ha propuesto López Obrador debe estar aprobado en tres meses, antes de que él asuma la Presidencia. La mesa debe estar servida para entonces.
2. Con lo urgidos que están los panistas de juntar votos en el Congreso local que les permita sacar adelante los nombramientos de los 12 magistrados, y que su dirigente nacional Demián Zepeda les da un parón en seco al reservarse el derecho de admisión en el caso de Eva Cadena. Lo que pasa en la aldea no simpatiza a las dirigencia nacional, tal y como sucedió con Duarte hace un par de años.