El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del martes, se refirió a la matanza ocurrida en La Concordia, Chiapas –donde se localizaron 19 cadáveres– señalando que “fue un enfrentamiento lamentable”.

El mandatario estaba a punto de dar por terminada su conferencia matutina en Palacio Nacional, invitando a los periodistas a irse a desayunar, pero faltaba un reportero, que preguntó: ¿Y la matanza en Chiapas?

La respuesta del presidente fue rápida y corta:

“Hay dos grupos que están enfrentados, ya lleva tiempo esto –explicó–. Ayer se informó y se va a seguir dando, entregando información, y se está protegiendo a la población de la región”.

“¿Qué motiva esto? El tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, o sea, el tráfico de personas. Es una ruta. Lamentablemente, en estos asesinatos hay personas de Guatemala, o sea, son mexicanos y guatemaltecos. Ya estamos viendo eso”.

La Secretaría de Seguridad federal confirmó más tarde la noticia, que se había conocido un día antes en Chiapas, sobre el hallazgo de 19 cadáveres en un poblado cerca de La Concordia, víctimas, al parecer, de un enfrentamiento entre grupos criminales.

En un comunicado, la dependencia detalló que 14 de los cuerpos estaban en “la caja de un camión de volteo”, dos más en la cabina, y tres tirados en el piso, junto al vehículo. Todos eran hombres y presentaban heridas de bala. Por su lado, la Fiscalía de Chiapas aumentó la cuenta a 20. Las autoridades encontraron los cuerpos porque los mismos atacantes se jactaron de la matanza en un video que circuló en redes sociales.

El gobierno guatemalteco está colaborando con la Fiscalía General del Estado de Chiapas para identificar a sus connacionales entre las víctimas de la masacre. “Se presume que entre las víctimas podrían estar cerca de siete guatemaltecos”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y agregó que “el Consulado se encuentra en el proceso de identificación de los cuerpos con autoridades mexicanas, quienes iniciaron el proceso de levantamiento individual y resguardo de evidencia”.

Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), atribuyó la masacre a integrantes del Cártel de Sinaloa, e identificó a las víctimas como miembros del “Cártel de Chiapas y Guatemala”.

A pesar de la espiral de violencia que se ha incrementado en Chiapas, el presidente López Obrador casi siempre ha tratado de minimizarla, al compararla con lo que sucede en otras entidades, como Guanajuato.

Ante la alerta que emitió en febrero la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, dijo que se trataba de “una campaña”. Precisó que desde que comenzó su administración y hasta diciembre de 2023 el número de homicidios por cada 100 mil habitantes es superior en Guanajuato, donde hubo 14 mil 414, y en Chiapas 2 mil 289.

Sin embargo, la violencia y la inseguridad en Chiapas aumentaron de manera alarmante a partir de la primera quincena de abril de este año, periodo en el que alrededor de once personas fueron asesinadas en diferentes municipios, incluyendo a la capital, Tuxtla Gutiérrez, donde el 14 de marzo fue ejecutado un hombre en la popular Plaza del Mariachi. 

Una semana después, en la madrugada del 25 de marzo, sucedió un violento enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en el tramo carretero que conecta a Tuxtla Gutiérrez con Berriozábal y Coita, donde quedaron dos cadáveres y varios vehículos incendiados.

Una escalada de violencia que el pasado viernes 28 de junio, día en que sucedió la matanza en La Concordia, llegó a su punto más alto, al registrar la entidad 22 homicidios dolosos en un solo día, con lo que rompió el récord de más asesinatos diarios en lo que va de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano. Esta cifra supera a los 20 muertos registrados el 16 de marzo de 2024 en Guanajuato.

Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ha señalado (24 de abril) que el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan.

Al minimizar la situación, indicó, se profundizan los impactos y afectaciones, además de obstaculizar el ejercicio pleno de derechos. “Invitamos al gobierno actual y el venidero –expuso el Frayba– que se aproximen a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, para no debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible”. 

De acuerdo al Frayba, desde junio de 2021, la situación de violencia “se ha profundizado como un cáncer” en Chiapas, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia, la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.