La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el grupo criminal Guerreros Unidos y la policía, respaldados por una corrupta red de instituciones locales, estatales y federales, secuestraron a 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Los jóvenes intentaban trasladarse en cinco autobuses desde la ciudad de Iguala hacia la capital del país para la conmemoración de otra masacre estudiantil, la del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, cuando fueron interceptados y desde entonces se desconoce su paradero.

Después de una década, y de dos gobiernos que han revisado el caso – el del priista Enrique Peña Nieto, y el del saliente Andrés Manuel López Obrador – todo lo que se ha recuperado de los 43 jóvenes desaparecidos, han sido tres trozos de huesos de tres de ellos, señaló la crónica de El País, que al igual que la mayoría de los periódicos nacionales y extranjeros, dedicaron numerosos reportajes y artículos para recordar esta masacre.

En el décimo aniversario de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador reconoció que “se complicaron las cosas” y no se llegó a la verdad ni la justicia en su mandato.

“Pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega. Hay que seguir adelante”, señaló en la conferencia mañanera del jueves.   

El diario La Jornada dedicó su Editorial al caso Ayotzinapa, donde señaló que el esclarecimiento de lo ocurrido aquella noche en Iguala, Guerrero, representa una asignatura pendiente para el gobierno saliente. “Sin duda, es terrible que no se haya podido cumplir este compromiso tan emblemático del proyecto político encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la voluntad política empeñada por él y varios integrantes de su gobierno”, destacó este periódico.

“Es palpable que existe un designio de proteger, pero no se puede afirmar con certeza a quién: los padres, por ejemplo, sostienen que solapa a los militares, pero 11 miembros de las fuerzas armadas –entre ellos dos generales– se encuentran sometidos a proceso, una realidad que pone en entredicho la supuesta protección al ámbito castrense”.

Por otra parte, señaló el Editorial de La Jornada, “la causa ha sido instrumentada para el golpeteo político contra el gobierno federal por personajes y organismos que acompañan a los padres, así como por miembros de la comentocracia que ignoraron o hasta atacaron a éste y otros movimientos sociales durante el peñato y que hoy despliegan una hipócrita solidaridad para atacar al mandatario. Estos sectores –advierte el diario– son contraproducentes para la justísima lucha de los familiares de los normalistas, pues siembran una desconfianza que enturbia el ambiente social y entorpece los avances que son tan insatisfactorios como innegables”.

En este contexto, destaca el artículo de Alejandro Encinas, publicado en El Universal, donde hace un detallado análisis del caso Ayotzinapa, con el que “he mantenido una estrecha relación” desde el primer momento”, escribió Encinas quien, por instrucciones del presidente López Obrador, fue el encargado de crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el 14 de enero de 2019.

El móvil de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, de acuerdo al relato de Encinas, se sustenta en tres posibles causas: 1. Confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los Rojos entre los estudiantes; 2. La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por el alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas por la desaparición y asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona y otras personas, y 3. El eventual trasiego de droga en alguno de los autobuses tomados.

Nada de estos hechos –señaló Encinas– consideró la “verdad histórica”, la que constituyó una acción concertada al más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. La “verdad histórica” constituyó una segunda desaparición de los estudiantes.

Otro avance relevante de la investigación es la identificación de 434 actores destacados que permite ubicar el tiempo, lugar y circunstancia de su participación durante y después de los hechos, entre quienes se encuentran integrantes de grupos delictivos, de los gobiernos estatal, municipal, policías municipales, elementos del Ejército, gobierno federal y otros.

Encinas destacó que a lo largo de la investigación 26 personajes claves, vinculados al caso han perdido la vida ya sea por ejecución, accidente o muerte natural, algunos de los cuales colaboraban con la investigación.

Un punto de inflexión en la investigación fue la muerte por Covid de Mario Casarrubias salgado el 26 de julio de 2021, líder de Guerreros Unidos con quien se había establecido un acuerdo de colaboración y más adelante, la ejecución de Juan Salgado Guzmán (a) El Caderas, en Metepec, Estado de México el 22 de septiembre de 2021 en un operativo fallido para su captura, lo que truncó una valiosa fuente de información.

Afirmó Encinas que durante su gestión, la Covaj realizó la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes. “Conjuntamos una enorme cantidad de información documental, testimonial, imágenes y datos. Reconstruimos lo sucedido minuto a minuto los días 26 y 27 de septiembre, con detalles aterradores alejados de toda condición humana. Diseñamos modelos de análisis geoespaciales para la búsqueda en campo. Con la fiscalía especializada de la FGR, contamos con un equipo profesional altamente calificado para la búsqueda en campo. En la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa encontramos decenas de fosas clandestinas que representaron el hallazgo de 498 personas desaparecidas”.

De igual manera Encinas en su texto señaló que la investigación enfrentó “los obstáculos que representan el tiempo transcurrido y la acción deliberada de la autoridad de entonces de borrar todo rastro de los estudiantes y sus perpetradores”. Reconoció a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos por su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica su memora y afirmó estar convencido de que la presidenta Claudia Sheinbaum no permitirá que el caso caiga en el olvido e impulsará que la verdad, por dolorosa que sea, salga a la luz.