Este lunes, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) presentó ante el Congreso local el Informe de la Cuenta Pública 2023, que resulta de la auditoría realizada a las finanzas, la administración, el gasto y la obra pública del estado.

El informe revela un presunto daño patrimonial cercano a los mil 700 millones de pesos. En su revisión, el ORFIS identificó que cuatro dependencias registraron un daño patrimonial de 67.6 millones de pesos, mientras que 30 Organismos Públicos Descentralizados acumulan observaciones por más de 207 millones de pesos.

El ORFIS no encontró irregularidades en la gestión de recursos del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, como es habitual en cada ciclo de revisión de cuentas públicas, la mayoría de las observaciones se relacionan con la administración de los recursos en los ayuntamientos. En el caso de la auditoría correspondiente al ejercicio 2023, 173 municipios reportan un probable daño patrimonial superior a los mil 344 millones de pesos.

Solo 39 ayuntamientos resultaron sin observaciones en la revisión, entre ellos Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Córdoba, Martínez de la Torre, Poza Rica y Xalapa. En contraste, se detectaron irregularidades en municipios como Altotonga, Atzalan, Papantla, Perote, San Rafael, Tuxpan y Veracruz, entre otros.

Según el ente auditor, la deuda pública total de Veracruz supera los 52 mil millones de pesos; de este monto, más de 4 mil millones corresponden a los ayuntamientos, mientras que cerca de 328 mil millones son del Poder Judicial, y más de 42 mil millones del Poder Ejecutivo.

Llama la atención el hecho de que siete ayuntamientos (Chiconquiaco, Chontla, Coacoatzintla, Ixhuacán de los Reyes, Medellín de Bravo, Pánuco y Veracruz) reportaron irregularidades en materia de deuda pública por más de 68.4 millones de pesos.

En relación con las obligaciones a corto plazo, el ORFIS detectó que seis ayuntamientos (Altotonga, Boca del Río, Juchique de Ferrer, Naranjos, Pánuco y Úrsulo Galván) contrajeron deudas, reportadas por  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no las registraron ante la Secretaría de Hacienda. Dos casos destacan: Veracruz, con créditos de 44 millones de pesos, y Altotonga, donde no se tiene información sobre el acreedor ni la fecha de contratación.

En términos generales, el resultado de la auditoría al ejercicio de 2023, que señala un presunto daño patrimonial cercano a los mil 700 millones de pesos, plantea la necesidad de monitorear cuántos de estos casos se transformarán en denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Recordemos que, tras la revisión de la cuenta pública de 2022, se integraron carpetas de investigación contra los responsables de ayuntamientos de Zentla, Tehuipango, Altotonga y Jamapa; en 2021, se presentaron denuncias por un posible daño patrimonial superior a los 95 millones de pesos contra Juchique de Ferrer, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Zongolica y Alvarado.

Al final, lo evidente es que en la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos prevalece la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, como se ha evidenciado en los datos revelados por el ente auditor durante la última década.

@luisromero85