De acuerdo con la definición de la Real Academia Española de Lengua, el terrorismo puede entenderse como una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, así como la “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

Las últimas dos décadas, las bandas del crimen organizado en México se han dedicado precisamente a eso, a generar altísimos niveles de violencia con el propósito de infundir terror entre la población. Lo han hecho con métodos que pudiéramos considerar como “tradicionales”, como las explosiones de bombas, aunque en una escala realmente baja. Pero su fuerte ha estado más bien en la exposición cruda, salvajísima, de cuerpos torturados, cercenados y abandonados en la vía pública, o bien expuestos en internet.

Esas escenas se han convertido en el día a día en la mayoría de las regiones del país. Ciertamente, esto sucede desde hace varios años, bajo la responsabilidad –e incluso complicidad- de otros gobiernos. Pero es una realidad que en la administración que terminó hace un mes y en la que cumple ya sus primeros 30 días, la violencia más descarnada no disminuyó ni un ápice, aunque desde Presidencia, antes y ahora, pretendan marear a la opinión pública difundiendo porcentajes engañosos o francamente falaces. 

Por el contrario, hay claramente una escalada violenta que ha marcado las primeras cuatro semanas del sexenio de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con los datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al domingo 27 de octubre se habían registrado dos mil 31 asesinatos en el país. Un promedio de 75 al día. Y no hay que perder de vista que hablamos de cifras oficiales. Las no oficiales calculan hasta 100 homicidios dolosos diariamente.

No es casualidad que precisamente esta semana el gobierno federal haya salido a asegurar que las cifras de la violencia van “a la baja” gracias a una “estrategia” basada en “inteligencia”, en “atender las causas de la violencia”, en mantener “coordinación con los estados” y sobre todo, en “consolidar” a la Guardia Nacional, que tras una reciente reforma constitucional –una de las muchas que el nuevo “supremo poder legislador” ha aprobado sin leer- pasó a constituirse formalmente como un cuerpo totalmente militarizado.

Tan solo en este último rubro, las consecuencias de la militarización de la seguridad pública son inocultables: hubo al menos 15 ejecuciones extrajudiciales –de ésas que Andrés Manuel López Obrador juraba que ya no sucedían desde la llegada al poder de la “4t”, retórica que Claudia Sheinbaum ha sostenido como copia al carbón- ligadas a operaciones de las fuerzas armadas. Las primeras, cometidas solo dos días después de iniciado el sexenio, cuando militares asesinaron a balazos en Chiapas a seis migrantes que viajaban en un vehículo “sospechoso”.

Resulta más oprobioso aún que hablen de “coordinación con los estados”, cuando es ahí donde el país está hecho un verdadero desastre: coches bomba, desmembrados, alcaldes decapitados, balaceras y una suerte de guerra civil marcan la vida en entidades como Sinaloa –donde hay sin dudarlo un narcogobierno, arropado por el partido en el poder-, Chiapas, Guanajuato y Guerrero, y que van al alza en otras como Puebla y Veracruz, por mencionar algunas.

Ha pasado prácticamente un mes –se cumple este viernes- desde que Claudia Sheinbaum tomó la presidencia de la República. Pero su atención, esfuerzos y prioridades no están realmente en atender la violencia y la inseguridad, los más grandes flagelos que azotan al país, sino en desmantelar la división de poderes, instaurar un régimen antidemocrático y autoritario y concentrar un poder que en los hechos, no es ella quien lo ejerce.

Un mes de terror. Apenas el primero.

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