En los últimos años, México ha sido testigo de una escalada preocupante de violencia, marcada por actos que, si bien no son catalogados oficialmente como terrorismo, no dejan de sembrar el terror entre la sociedad. Esta discrepancia entre la definición legal y la percepción social plantea un debate crucial sobre la naturaleza y las consecuencias de estos eventos.

El primer acto terrorista en la historia contemporánea de México fue el 15 de septiembre de 2008, cuando en plena celebración multitudinaria del Grito de Independencia, dos granadas de fragmentación estallaron en pleno centro de Morelia, Michoacán. Con este atentado murieron 17 personas y hubo 132 lesionados. Este hecho fue perpetrado por el cártel de la Familia Michoacana; sin embargo, tres sujetos fueron detenidos por ser los autores materiales, mismos que declararon que habían actuado por órdenes de los Zetas, aun cuando posteriormente se retractaran afirmando que habían declarado bajo tortura y por tal motivo fueron liberados.

Hoy en día, aun cuando los diputados de la oposición han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum reconocer que México vive episodios de terrorismo y le piden no tratar de esconder la realidad con cortinas de humo en temas como la reforma judicial.

Ponen como ejemplo los coches bomba en Guanajuato, los enfrentamientos violentos en Nuevo León, los homicidios en Culiacán y las ejecuciones en Guerrero y Michoacán. Insisten en que este gobierno minimiza los hechos de terrorismo que ya sufren los mexicanos en varios estados y que el gobierno no ve la cruda realidad, toda vez que piensa que evadiendo la realidad se logrará la paz y la tranquilidad. Por el contrario, la presidenta Sheinbaum ha descartado que estos actos de violencia se puedan clasificar como terrorismo, toda vez que no son producto de la lucha por una ideología, sino que son hechos perpetrados por la delincuencia organizada en disputa por los territorios.

HECHOS DE VIOLENCIA EXTREMA SIEMBRAN TERROR, PERO NO SON TERRORISMO

Los hechos de violencia extrema en diversas regiones del país han dejado un rastro de dolor, pérdida y miedo entre la población. Desde emboscadas a fuerzas de seguridad hasta ataques indiscriminados contra civiles, estos actos comparten elementos clave con el terrorismo internacional: la intención de infundir terror y el uso de la violencia como medio para lograr objetivos políticos o sociales.

A pesar de esto, el término “terrorismo” conlleva implicaciones legales y políticas específicas que pueden no ajustarse completamente a la realidad mexicana. La falta de una definición precisa en el marco jurídico nacional deja a estos actos en una zona gris, donde la barbarie y el impacto sobre la población no siempre se reflejan adecuadamente en las respuestas institucionales.

La falta de consenso sobre si estos actos constituyen terrorismo también se debe a factores como la naturaleza de los perpetradores. En el contexto mexicano, los actos de violencia extrema son frecuentemente atribuidos al crimen organizado, que, en principio, busca obtener beneficios económicos en lugar de objetivos políticos, lo cual difiere del propósito tradicionalmente asociado al terrorismo.

Es fundamental reconocer que etiquetar estos eventos como actos terroristas podría tener implicaciones significativas para la estrategia de seguridad y la política nacional. Sin embargo, la negativa a nombrarlos como tales no disminuye la gravedad de los crímenes ni la urgencia de abordar sus causas profundas.

En última instancia, más allá de las etiquetas legales, es crucial que el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional reconozcan la urgencia de abordar estas formas de violencia con estrategias efectivas que protejan a los ciudadanos y promuevan la paz y la justicia en México.

La discusión sobre la naturaleza de estos actos de violencia no debería centrarse únicamente en términos legales, sino también en el impacto humano y social que tienen. Es un llamado a la reflexión sobre cómo enfrentar estos desafíos de manera integral, con un enfoque en la prevención, la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho para construir un futuro más seguro y pacífico para todos los mexicanos.

DEFINICIÓN LITERAL DE TERRORISMO

En México, la definición legal de terrorismo se encuentra en el Código Penal Federal, específicamente en el Artículo 139, que establece que el delito de terrorismo incluye el uso de actos violentos o de cualquier medio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas, o que cause daños materiales graves. El objetivo de estos actos debe ser, además, “producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella”, o bien “presionar a la autoridad para que tome una determinación específica”.

Esta definición también contempla que los actos de terrorismo se caracterizan por una intencionalidad que busca generar un impacto psicológico en la población y, en muchos casos, influir en las decisiones de los organismos del Estado. Sin embargo, esta intencionalidad puede ser difícil de probar, lo que ha llevado a que muchos actos de violencia extrema en México no sean formalmente clasificados como terrorismo.