A tan solo 2 días que se cumpla el plazo (domingo 24 de noviembre del año en curso) para que finalice la inscripción de aspirantes a participar en la elección para poder llegar a ser integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), hasta el día de ayer el interés mostrado por los mexicanos que reúnen los requisitos era mínimo.

En cifras no oficiales se conoce lo siguiente: Comité de Evaluación del Poder Legislativo, 2740 aspirantes registrados; en el del Poder Ejecutivo, 1000 y en el del Poder Judicial, 378. Presentándose la situación que la participación de las mujeres parece indicar es menor en general al 30 %.

Pero independientemente de la grave problemática que representa este mínimo interés de participación, por el momento lo más grave es la falta de tiempo y recursos económicos que está teniendo que enfrentar el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que los irresponsables ideólogos de la ocurrencia lo hicieron responsable de la inconstitucional y aberrante reforma. 

Organismo –el INE– que durante los últimos 30 años ha sido el responsable de manejar las elecciones en este país, en forma muy transparente y eficiente, fortaleciendo la incipiente democracia que aún se está viviendo en este México y con esta totalmente equivocada reforma al Poder Judicial Federal, las administraciones federales emanadas de la autollamada cuarta transformación, están tratando de destruir.

Como es del conocimiento de los mexicanos la ocurrencia de la Reforma surgió del coraje de no poder doblegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las ideas que tenía en todo momento Andrés Manuel cuando fue el titular del Poder Ejecutivo.

Por lo que al surgir de una situación así, de enojo, de coraje. Es lógico que no está sustentada en estudios sobre la realidad, estructurada técnicamente desde el punto de vista jurídico y mucho menos analizando cómo llevarla a cabo y sus consecuencias, como se está viendo.

Es por lo citado que el presupuesto que aprobó la Junta General Ejecutiva del INE de aproximadamente 13 mil millones de pesos, está siendo rechazado por el Congreso de la Unión y solamente está ofreciendo, como si se tratara de comprar y vender mercancías en el mercado de La Merced, 8,100 millones de pesos. Cantidad que se entiende ofrezcan los presidentes de las mesas directivas de las cámaras, por carecer del conocimiento técnico electoral para comprender todo lo que implica una elección. Cantidad que informa el INE solamente alcanzaría para capacitación del personal que intervendría en la elección y la impresión de las boletas, lo que afectaría gravemente la organización del proceso.

Problemas a los que hay que aumentar, los aproximadamente dos meses de inactividad que tuvo la institución electoral por las 366 suspensiones judiciales que se presentaron en contra de la elección, lo que reduce en mucho el tiempo para la organización del proceso. Razón por la cual el INE presentó la solicitud al Senado de la República de aplazar la fecha de la jornada electoral 90 días, que en lugar de que sea el 1 de junio del próximo año, sea el 1 de septiembre. Hasta el momento de redactar el presente texto no se tenía información sobre si se había extendido el plazo.

Por todo lo citado se deduce que las ocurrencias que se quieren implementar en el campo jurídico, no prosperan, en otras palabras, no alcanzan los objetivos pretendidos, a menos que se incumpla o violente la ley, que se caiga en desacato, como es el caso de gran parte de las autoridades gubernamentales que están interviniendo en esta “Reforma”. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el lunes.

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