El homicidio del diputado federal Benito Aguas Atlahua es el más reciente eslabón en una larga cadena de ataques contra actores políticos en Veracruz. El eco de este atentado resuena en todo el país.

Benito Aguas, exalcalde y legislador en funciones, fue víctima de un ataque armado la noche del lunes, que lo privó de la vida en la clínica del IMSS-Bienestar de Zongolica, a pesar de los esfuerzos por salvarlo.

La Fiscalía Estatal confirmó el atentado y, poco después, informó sobre el deceso.

El martes por la mañana, la gobernadora Rocío Nahle expresó su pésame a la familia del diputado asesinado, y subrayó que no habrá impunidad en este caso.

Desde el Congreso de la Unión, los presidentes de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, condenaron el crimen y ofrecieron su solidaridad a los seres queridos del extinto legislador.

Javier Herrera, diputado del PVEM, partido al que pertenecía Benito Aguas, también repudió este cobarde atentado y demandó a las autoridades esclarecer los hechos.

Este asesinato es el más reciente de una larga lista de ataques a figuras políticas.

Según un informe de la consultora Integralia, durante el proceso electoral de 2024, en el que se renovaron en el país 1,802 ayuntamientos, se registraron 889 víctimas de violencia política. De estas, 267 fueron asesinadas, entre ellas tres aspirantes a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, dos de Morena y uno del PAN.

Los estados con mayores índices de violencia política fueron Chiapas, Guerrero y Puebla, seguidos por Veracruz, que, aunque no celebró elecciones municipales este año, tampoco estuvo exento de estos lamentables hechos.

En Veracruz, el reciente proceso electoral dejó un saldo de cuatro asesinatos de políticos: uno relacionado con el oficialismo y tres con la oposición.

A pesar de no ser uno de los estados más afectados, Veracruz ocupó la posición 14 en el ranking de violencia política en el país.

Los casos más recientes de políticos asesinados en Veracruz incluyen a Wilmar Monje y Manuel Hernández, de Gutiérrez Zamora y Misantla, respectivamente.

Antes de esos casos, destacan los del diputado Juan Carlos Molina (PRI); y Gregorio Barradas (PAN).

Lamentablemente, estos homicidios reflejan una cadena de atentados que, hasta el asesinato de Benito Aguas, no muestra señales de cesar.

El crimen de Benito Aguas ocurre justo cuando comienza el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos en Veracruz.

Lo deseable es que, en este contexto, los casos de violencia política no sigan aumentando, y que se logre dar con los responsables de los crímenes cometidos, tal como lo prometió la gobernadora Rocío Nahle. La impunidad no debe prevalecer.

Lo importante es que se frenen los casos de violencia que ponen en riesgo la integridad de los actores políticos, la estabilidad y la democracia en el estado.

@luisromero85