Cuando se entere, lector, que acaba de suceder un asalto en Xalapa lo mejor que puede hacer es encerrarse en su casa... no sea que termine arbitrariamente detenido, violentado y acusado de ser el asaltante.

Pero ni siquiera encerrarse en su casa es garantía de que evitará ser violentado, porque quién sabe qué pasa con los policías, pero es urgente que, desde lo más alto del poder en Veracruz, se dé un manotazo para frenar las arbitrariedades que se vienen cometiendo desde el gobierno pasado, cuando la policía fue utilizada en forma descarada para amedrentar y detener a rivales políticos y la habilitaron para acosar a ciudadanos por las noches y a cambio le dieron manga ancha para hacer y deshacer.

La muestra de cómo sería la actuación policiaca la dieron apenas al mes de haber tomado posesión Cuitláhuac García.

El 31 de diciembre de 2018 hubo un allanamiento ilegal, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en una casa de la comunidad Santa Rosa, en Actopan.

De acuerdo a lo que se reportó en esas fechas, más de 10 policías entraron a la casa, golpearon a quienes ahí se encontraban, entre ellos un menor de edad, y robaron. Argumentaron que momentos antes esas personas los habían agredido y que escaparon.

El escándalo se desató y los policías no pudieron acreditar su versión.

A partir de ahí los abusos policiacos siguieron durante todo el sexenio, siendo casos muy sonados la detención ilegal de varios jóvenes en la avenida 20 de Noviembre de Xalapa, que provocó un encontronazo político con el entonces coordinador de los senadores Ricardo Monreal, y la salvaje acción contra pobladores de Totalco que protestaban por las irregularidades de las Granjas Carroll, los cuales al día de hoy aún exigen justicia.

Pero cotidianamente los veracruzanos siguieron padeciendo arbitrariedades, así como extorsiones policiacas al circular por carreteras y calles de poblaciones y ser detenidos bajo cualquier pretexto.

Ahora se presenta una situación similar a lo del inicio del sexenio del peor gobernador que ha tenido Veracruz.

En Xalapa hay un escándalo derivado de la acusación contra policías que participaron en un operativo tras el asalto cometido el pasado día 8 de este mes en la plaza comercial Urban Center.

De acuerdo a la denuncia presentada, todo indica que los policías actuaron a las prisas, sin técnica y arbitrariamente en su afán de resolver rápidamente el caso del asalto.

Y ante esa actuación los que pagan las consecuencias son un profesor xalapeño, Fernando, quien vive en la calle Ismael Cristien, en la colonia Rafael Lucio, y sus familiares.

A Fernando los policías lo confundieron con un peligroso asaltante y, sin más investigación, ni orden judicial, allanaron su casa rompiendo puerta y ventanas, así como causando destrozos y golpeando.

La denuncia presentada señala que los policías detuvieron ilegalmente al profesor Fernando, maestro que acababa de llegar a su casa luego de dar clases, y se lo llevaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Más tarde lo consignaron, pero con irregularidades tan evidentes que una jueza ordenó lo pusieran en libertad. Para empezar, la consignación no fue porque supuestamente hubiera participado en un asalto, sino por daños al personal de la institución de Seguridad Pública, es decir, porque habría forcejeado con algunos elementos de la SSP.

Tras estos hechos violentos no hay que tener mucha imaginación para saber cómo se encuentran el profesor confundido con un asaltante, así como sus padres y una hermana que, se acusa, fue golpeada durante el impresionante operativo policiaco de alrededor de tres horas que sirvió para nada y solo causó temor e indignación por los palos de ciego que dieron los policías.

¿Así se desarrollan los demás operativos de la policía veracruzana? ¿Cuántos inocentes han sido detenidos en las últimas semanas derivado de la impreparación y atropellos por parte de policías que pretenden dar resultados rápidos, aunque sean falsos?

Quién sabe qué decisión tome sobre este caso - hay otros, iguales o peores, expuestos esta semana por el periodista Arturo Reyes Isidoro en su columna Prosa Aprisa, publicada en alcalorpolitico.com - el secretario de Seguridad Pública, contralmirante Alfonso Reyes Garcés, pero la sociedad espera y demanda una intervención de más arriba.

Así como se dio una muestra de que ya no sería tolerado el llamado Cártel de las Grúas, que azotó a los veracruzanos durante el gobierno pasado, emitiendo la orden para que las grúas dejaran de levantar automóviles para llenar los bolsillos de unos cuantos, así la gobernadora Rocío Nahle haría bien en intervenir y, primero, garantizar la seguridad del profesor Fernando y sus familiares y hacerle justicia, y luego dar una muestra clara, contundente, de que su gobierno no tolerará abusos policiacos en contra de los veracruzanos.