No se sabe todavía el día ni la hora, pero es un hecho que tarde o temprano la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, dejará la titularidad del órgano autónomo encargado de procurar justicia, atribución constitucional que la abogada originaria de Los Tuxtlas e incondicional del exiliado ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no ha ejercido ni cumplido a cabalidad.

La única duda que existe, por el momento, es si Hernández Giadáns se irá impune o si será procesada por toda la serie de acciones y omisiones que forzada o de manera deliberada cometió al blandir autoritaria y arbitrariamente la espada de la justicia por consignas políticas u otro tipo de intereses mezquinos que violentaron garantías individuales y derechos humanos de presuntos inocentes.  

Este martes, por ejemplo, al comparecer ante la Comisión Permanente de Justicia de la LXVII Legislatura local, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue ampliamente cuestionada por el diputado priista Héctor Yunes Landa, quien, entre otros casos le recordó el expediente de Viridiana Moreno Vázquez, una joven mujer desaparecida el 28 de mayo de 2022 en Ciudad Cardel, municipio de La Antigua –a donde había ido por una presunta oferta de trabajo–, y cuyo cadáver apareció días después en Chachalacas, en el vecino municipio de Úrsulo Galván.

Yunes Landa puso en el micrófono la grabación de una entrevista que en su momento le hicieron reporteros al entonces gobernador Cuitláhuac García acerca de esta desaparición. El legislador le rememoró a la fiscal que, siete días después, el mandatario estatal de Morena había declarado que esta joven mujer “no estaba desaparecida sino resguardada”. 

“Después de esa declaración, el cuerpo sin vida de Viridiana fue reconocido por sus propios padres. Estaba asesinada”, le remarcó el diputado priista.

Le pregunto: ¿por qué cuando la familia de Viridiana pretendió presentar una denuncia contra el entonces gobernador Cuitláhuac García, usted, después de tres horas de hacer esperar a la familia en su oficina decidió no recibir la denuncia? Dada su negativa, la familia de Viridiana junto con el abogado Tomás Mundo (Arriasa), asesor jurídico, tuvieron que ir al Servicio Postal Mexicano para depositar ahí la denuncia, lo que obligó a usted a recibirla y resolver en ‘fast track’ que nada había que investigar en contra del ingeniero García”. 

Y le inquirió: “¿Cuando tomó esa decisión tenía claro que los artículos 27 y 28 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, quien oculta información seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o proporcionar información sobre su destino o paradero?” 

“Le pregunto: ¿por qué decidió desechar la denuncia contra Cuitláhuac, cuando la gravedad del delito cometido por él podría alcanzar hasta 60 años de prisión? ¿Tiene claro que como servidora pública usted cometió el delito de omisión?”, le enfatizó Yunes Landa, quien inclusive le reconoció que “no debe ser fácil la tarea de la Fiscalía en un estado donde el gobierno anterior no atendió su responsabilidad de brindar seguridad pública”, señalándole, además, que “lo peor” es que “el entonces gobernador Cuitláhuac García haya sido señalado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional de mantener vínculos con la delincuencia organizada”. 

Le espetó, reclamándole: “¿Por qué no se actuó contra Cuitláhuac en el caso Viridiana?”. Y amagó: “Creo que todavía es tiempo para hacerlo”. “Cuando la vea, yo presentaré una denuncia y haré lo procedente”. 

“¡Qué dura tarea la de usted con este gobernador!”, le reconoció, expresándole que “tampoco debe ser fácil cuando los intereses del gobierno son distintos a los de la sociedad. Cuando se pierde la autonomía y la independencia y se tiene que servir al interés político del gobierno en turno, fomentando una persecución de adversarios a partir de la fabricación de delitos que hoy han sido desechados por la Suprema Corte, como es el caso de los ultrajes a la autoridad”.

“Pero todo lo anterior no justifica la falta de resultados, de buenos resultados, y consecuentemente el creciente descontento de los veracruzanos por el trabajo de la Fiscalía que usted representa. Hablo de la institución, no de usted. Yo también tengo una percepción y una impresión excelente de su persona y de su formación”, la elogió.

Sin embargo, Héctor Yunes mencionó que en la Fiscalía a cargo de Hernández Giadáns se “han abierto un total de 81 mil 131 carpetas de investigación, pero que solo se han obtenido 2 mil 088 sentencias condenatorias. Esto significa que solo el 2.57% de las carpetas de investigación alcanzaron sentencia condenatoria, lo que implicaría que la impunidad de los delitos es del 97.43% y ello sin contar el extraordinario número de actos delictivos que se cometen y no se denuncian. Estos números coinciden con las cifras del informe ‘Hallazgos 2023’ de la organización México Evalúa, en el que se señala que el índice de impunidad en homicidios dolosos en nuestra entidad es del 98.99%, en los feminicidios alcanza el 100%, convirtiendo a Veracruz en la entidad con la mayor falta de resolución de casos en el país. En la extorsión es del 99.81 y en abuso sexual de 99.26%, es decir, quienes cometen un delito de alto impacto, solo por su buena suerte, no caen la cárcel”.  

“Usted dijo que hay una disminución de 50% de incidencia de feminicidios, sin embargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene otros datos, que aseguran que hay un incremento en relación al 2023, pasando de 43 a 51 víctimas”.

Y le preguntó si es verdad que son más de 15 mil las órdenes de aprehensión sin ejecutar, pues le comentó que existen denuncias de ciudadanos sobre extorsión de policías ministeriales con motivo de estas órdenes de captura. 

El diputado local del PRI también le expuso “un problema gravísimo en Veracruz” que “es el número de personas desaparecidas”.

Refirió que, “al inicio del gobierno de Cuitláhuac García, Veracruz tenía un registro de 3 mil 929 personas desaparecidas, y para el cierre de su administración esto llegó a 7 mil 065, es decir, que la cifra, en solo seis años, la duplicó Cuitláhuac”. Le precisó que éstas eran cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“¿Por qué siendo este tema tan sensible y doloroso para la sociedad y en particular para los colectivos, no han recibido de la Fiscalía el trato digno que merecen? ¿Cuál es la razón de la negativa sistemática para reunirse con ellos? ¿Es la falta de resultados de su dependencia en este rubro, la que les hace considerar innecesario recibirlos? También le pregunto: ¿por qué a pesar de la incorporación de personal capacitado, instalaciones y equipo de vanguardia que la Fiscalía ha adquirido, la dependencia a su cargo llega a tardar años en la entrega de restos de personas recuperados en predios y fosas localizadas en el estado?  ¿Cuál es la razón? ¿No le parece que eso es revictimizante?”

Igualmente le señaló que “la Fiscalía solamente acepta una de cada diez recomendaciones que dicta la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, lo que habla “no solo de una violación sistemática de los derechos humanos por parte de la Fiscalía sino también de una omisión deliberada de su desempeño”. Le pidió informes sobre el avance de las investigaciones los casos de abusos y excesos policiacos que provocaron la muerte de dos hermanos campesinos de Totalco, en el municipio de Perote, y de Brandon, un joven asesinado en Lerdo de Tejada.

Por si fuera poco, la cuestionó por la compra de dos ambulancias forenses durante su administración, cuyo costo real en la agencia automotriz se incrementó en 81%. “¿Por qué casi se duplicó el costo?”, le inquirió. 

Otro tema espinoso fue el de los presos políticos que, le dijo, “es un agravio que ha rebasado la frontera, confirmando que la Fiscalía actuó por consigna en contra de algunos personajes a los que el gobierno anterior consideraba sus adversarios. La pregunta es quién instruyó integrar carpetas de investigación en base a pruebas de sospechas, especulaciones, argumentos sin razón ni lógica, con testigos protegidos, informes policiales imprecisos”.

Le preguntó concretamente que “¿cuál es la situación jurídica de Rogelio Franco, de José Manuel del Río Virgen, Tito Delfín, Arturo Hervis, Yolli García, Norma Azucena Rodríguez, Eric Iván López, Bernardo Molina, José Alfredo López y Jorge Winckler?”  

Tampoco dejó pasar la oportunidad de preguntarle que “cuándo fue la última vez que se sometió al examen de control y confianza, y si actualmente está vigente por parte de la Fiscalía General de la República”. Y también que “cuántos altos funcionarios y mandos policiacos han realizado su examen de control y confianza y cuántos están pendientes de realizarlo”.

Y finalmente le lanzó la siguiente interrogante: “¿Es cierto que ya presentó su renuncia a la actual gobernadora del estado? ¿En caso de que se apruebe la reforma que busca removerla del cargo, usted interpondrá un recurso para que se cumpla el periodo para el que fue nombrada?” 

Al término de su intervención, Yunes Landa volvió a “destapar” al diputado morenista Diego Castañeda, asegurando que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia sustituiría a Hernández Giadáns como “Encargado de despacho” de la FGE, ya que la ley no le permitiría ser titular por ocupar actualmente un cargo de elección popular. Sin embargo, afirmó que estaría un año encargado “y ya después” esta LXVII Legislatura local lo ratificaría como Fiscal General del Estado.

¿De confirmarse esta designación, Castañeda Aburto procedería contra la Fiscal impuesta por Eric Cisneros, quien como secretario de Gobierno corrió violentamente al ahora diputado cercano a la gobernadora Rocío Nahle que despachaba como subsecretario Jurídico en la Segob y luego lo vetó como secretario del Ayuntamiento de Coatepec?