Mientras el escándalo por las empresas “fantasma” en la Secretaría de Educación de Veracruz causa revuelo político y mediático –aunque durante el anterior sexenio se documentaron varios casos más, que “embarraban” a las secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Finanzas y hasta al Tribunal Superior de Justicia-, por lo “bajito” se cocinan los negocios de los que quizás en seis años se estén entablando las correspondientes denuncias.

En el Congreso del Estado concretaron lo que Rocío Nahle anunció desde su toma de posesión como gobernadora de Veracruz: concentrar la construcción y la asignación de toda la obra pública del estado en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), convirtiéndola así en la “supersecretaría” del sexenio.

Mediante reformas a la Ley de Obras Públicas para el estado y otros ordenamientos en materia de construcción de infraestructura, adquisiciones y servicios, se determinó que todas las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas estarán a cargo exclusivamente de la SIOP, dotando a esa dependencia de un poder inmenso, tanto económico como político.

Será la SIOP la que determine en dónde, cuándo y en qué volumen se llevan a cabo las diferentes obras en la entidad, que abarcan lo mismo infraestructura urbana que carretera, hospitalaria, educativa y lo que haga falta, lo que implicará que ésa sea la ventanilla única para que los ayuntamientos y todas las demás dependencias y organismos del gobierno estatal hagan las gestiones correspondientes.

Las reformas aprobadas este jueves por la LXVII Legislatura de Veracruz, de mayoría absoluta oficialista, establecen también que el Poder Ejecutivo del estado realizará la contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con éstas a través de la SIOP, la cual llevará a cabo la contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de dichas obras y servicios.

También podrá “determinar la oportunidad de ejecución de proyectos estratégicos de obras públicas y servicios relacionados con ellas, en función de su conveniencia o impacto social, ambiental y financiero; así como, la coordinación interinstitucional con los entes públicos y los gobiernos federal y municipales”.

La nueva ley crea el Catálogo de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con Ellas, el cual será integrado, obviamente, por la SIOP y se establecerán las “cartas de crédito” para garantizar las obligaciones derivadas de los contratos. O dicho de otra manera, la “supersecretaría” determinará discrecionalmente a quién sí y a quién no se le asignarán los contratos de obra, el más jugoso de los negocios en cualquier gobierno.

Y para que el negocio sea redondo, los diputados –que quién sabe si leyeron lo que aprobaron, pues las iniciativas se presentaron hace apenas una semana- se acomodaron –ellos le dicen “actualizar”- los procedimientos de licitación de las obras.

La enmienda establece que los subcomités de obra de cada dependencia o entidad “determinen los montos para la invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa”, así como modificar la disposición del Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 –o sea, lo que aprobaron en diciembre pasado- relativa a los montos de adjudicación de procedimientos de contratación distintos a la licitación pública. 

Dicho en otras palabras, van a entregar las obras a quien quieran, en los montos que quieran, sin restricciones y sin transparencia alguna –por algo acabaron con los organismos que los obligaban a entregar información-. Y ese inmenso poder va a recaer en las manos de una sola persona.

El poderoso titular de la “supersecretaría”, no hay que olvidarlo, es Leonardo Cornejo Serrano. El mismo que, como ya se ha señalado en este espacio, fue el subdirector de Proyectos de Pemex con Emilio Lozoya y quien asignó los contratos amañados a la empresa brasileña Odebrecht, señalada de pagar sobornos para obtenerlos. Y además, fue el encargado del proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, la cual sigue inconclusa, inservible y ya ha costado más de 20 mil millones de dólares.

Quien le está otorgando todo ese poder, sabe exactamente por qué.

El chiquero

Es tal la podredumbre en la Secretaría de Educación de Veracruz por el tema de las empresas “fantasma”, que por lo pronto María Esther Reyes González, la oficial mayor que fue nombrada por la misma gobernadora Rocío Nahle, salió como “tapón de sidra” de la dependencia.

Aunque la versión oficial dice que la contadora “no dispersó” la nómina del magisterio –algo totalmente absurdo, ya estaría paralizada la entidad por los profes-, lo cierto es que algo apesta en ese chiquero llamado SEV. Y huele a cárcel.

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