Prefacio.

No hay manera: los escándalos del Partido Verde en Veracruz son recurrentes, sistemáticos y hasta descarados. Lo más grave, sin embargo, es que jamás son castigados. *** La multa que le aplicó el INE a la representación en Veracruz de ese partido, por más de 16 millones de pesos, es un reflejo de cómo esa organización política ha usado los recursos públicos de manera ilícita, sin que sus dirigentes paguen las consecuencias. *** Marcelo Ruiz, el hombre detrás de estos desvíos en Veracruz, sabía perfectamente que al final no pasaría nada. La resolución del Tribunal Electoral así lo confirma: la multa se mantiene, pero las vistas a la UIF y la FGR se anulan. Es decir, sin consecuencias penales, sin temor a pisar la cárcel, sin ningún problema real. *** ¿Por qué no nos sorprende? Porque la estructura de poder de la 4T sigue operando para sus aliados. No importa que el INE haya documentado irregularidades, el Estado se encarga de garantizar la impunidad a los suyos. Y aquí entra una pregunta obligada: ¿la ASF jugó algún papel en esto? *** En la Auditoría Superior de la Federación tiene las manos metidas de Javier Herrera Borunda, otro operador del Verde. Si bien este caso no es de su competencia directa, cuando alguien con poder quiere que un tema muera… muere. *** La impunidad para Marcelo Ruiz no es la excepción, es la regla. El Partido Verde sigue recibiendo prerrogativas (diezmadas, sí, pero al fin prerrogativas) y el sistema sigue garantizando que los aliados del régimen tengan su salida asegurada.

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“Acuérdense, mi nombre es José Luis Peña Peña, esposo de Rocío Nahle; ya ha dicho la candidata que -primeramente, Dios- yo voy a estar ahí y cualquier problema que ustedes tengan, y si ganamos -que vamos a ganar, es inminente- yo voy a estar en el área de la ganadería sin cobrar nada, y lo único que voy a hacer es estar apoyándolos a todos ustedes. Y cuando no nos quieran, cuando no nos resuelvan, nos vamos a hacer un plantón al Palacio de Gobierno y yo los voy a acompañar a todos ustedes para que nos resuelvan todos los problemas que estamos aquí hablando”.

Se les olvida que en Veracruz tenemos memoria. Se les olvida que las palabras del esposo de la hoy gobernadora, Rocío Nahle, quedaron grabadas y se difundieron de manera profusa. Era 18 de febrero del 2024, período de “intercampaña” y lo arriba transcrito fue parte del discurso de José Luis Peña en Sayula de Alemán, en un evento con ganaderos del sur de Veracruz.

Ahora, el pasado fin de semana en su calidad de gobernadora, una vez más en una reunión con ganaderos en el sur de la entidad (Las Choapas), la propia Rocío Nahle confirmó aquellas palabras de su esposo:

“Yo le pedí personalmente a mi esposo que me ayudara. En esto ha estado trabajando y ya se imaginarán, tengo el informe diario; todos los días me habla del hato ganadero y de todo el tema del campo, pero eso es bueno, porque me estoy enterando todos los días”.

Visiblemente molesta porque sus palabras fueron “mal interpretadas”, este lunes la gobernadora salió a “aclarar” que ella no nombró a su marido como su asesor:

“Yo mencioné -y no es la primera vez, lo he dicho varias veces- que mi esposo está de colaborador con la Secretaría de Ganadería; yo desde campaña dije: él en qué me va a ayudar, y dije: me va a ayudar en todo esto del hato ganadero. No es asesor, no es funcionario público, no cobra ni un solo peso, no tiene disposición presupuestal, no nada, esto lo digo porque después de la reunión empezaron, no sé quién sacó, que él es asesor y que es nepotismo”.

En efecto, los asesores de la gobernadora debieron aclararle que la tarea encomendada a su esposo no se encuadra en el concepto de “nepotismo” (según el diccionario, “utilizar un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”).

En donde sí se encuadra es en el delito de “tráfico de influencias”, considerado en el Código Penal Federal, en su artículo 221, específicamente en su fracción IV: “Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro”.

Ese mismo instrumento jurídico (el Código Penal Federal) establece en su artículo 220 que “comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Y no sólo se pudiera dar ese caso. El mismo artículo en su fracción II incluye:

“El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción”.

Ya sé cuál será el argumento: “Nosotros no somos iguales que los de antes”.

Quizá. El mejor consejo para la gobernadora es que no haga cosas “supuestamente buenas” que parezcan malas.

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Epílogo.

Los hechos hablan por sí solos: hay, sin lugar a dudas, un ambiente de temor entre los veracruzanos, pues la violencia vinculada a las elecciones municipales va en aumento. *** Este lunes se dio a conocer que el empresario Vicente Domínguez Aparicio, aspirante de Morena a la alcaldía de Cotaxtla, fue privado de la libertad la noche del domingo, cuando se encontraba en la localidad de La Capilla. *** Vicente Domínguez y un grupo de colaboradores pintaban bardas frente a la fábrica Fisisa cuando fueron interceptados por cuatro sujetos armados, quienes se lo llevaron por la fuerza y tomaron rumbo a Tierra Blanca. *** Casos como el de Cotaxtla, el de Paso del Macho o el de la sierra de Zongolica, son señales claras de que la efervescencia política se está llevando al extremo y que la violencia marca el rumbo de las elecciones municipales.

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