El jueves anterior y ante diputados federales, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, dio a conocer que en la Cuenta Pública del 2023 correspondiente al quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encontraron irregularidades por 51 mil 979 millones de pesos. 

Colmenares dijo a los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que se realizaron 1,623 auditorías en las que se encontraron “inconsistencias” por más de 43 mil 204 millones de pesos. Pero agregó que de esa cantidad se recuperaron 930 millones. 

Caray qué bien, ya sólo faltan por recuperarse 42 mil 274 millones de pesos. 

¿Qué es una inconsistencia en una Cuenta Pública? Si se quiere una explicación sencilla, es cuando no empatan los ingresos con los egresos, dicen los que saben. Pero cuando estudiaba en la Septién un maestro me explicó el término de una manera más rocambolesca: “Es cuando en lugar de que cinco más cinco sean diez, el resultado es de cientos de millones más que van a manos de contratistas, proveedores y, por supuesto, de políticos”.

El señor Colmenares indicó que en las auditorias al sector público federal se detectó un monto por aclarar por 8 mil 599 millones de pesos y de ese total, más del 80 por ciento corresponden a entes como el IMSS, Fonatur y Birmex entre otros. Y en Birmex me quiero detener. 

Luego de que el INSABI fracasara de manera estrepitosa como sustituto del Seguro Popular, Birmex que es una empresa del Estado, entró al quite como la encargada de la compra consolidada de medicamentos y vacunas. Pero de acuerdo con la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, la dependencia debe aclarar más de mil millones de pesos y aclarar también por qué compró medicinas que no estaban aprobadas por la Cofepris y además estaban caducas.  

¿Hay irregularidades entre la porquería de medicamentos que compró Birmex y el dinero que presuntamente desembolsó? Por supuesto que sí. ¿Hay inconsistencias? Obvio que también. 

Pero además, hay un robo descarado por más de mil millones de pesos y se está cometiendo un crimen de lesa humanidad con quienes necesitan esas medicinas. 

¿Que sigue ahora?

Lo que sigue es que el gobierno de López Obrador responda por ese faltante en el quinto año de su mandato, faltante que debe tener verde de envidia a Javier Duarte y compañía. Y es que para birlarse 33 mil millones de pesos que presuntamente sustrajeron de las arcas estatales, Javier y su pandilla necesitaron de todo un sexenio.  

Ya en serio, ¿qué sigue? 

Pues nada lector, nada. ¿O qué esperas? ¿Que la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se vuele la puntada de llamar a Andrés Manuel y a otros presuntos responsables para preguntarles dónde quedó esa bolita?

Por Dios… 

Esos casi 52 mil millones de pesos ya se perdieron. Acaso detengan a dos o tres pelagatos y los agarren de chivos expiatorios para taparle el ojo al macho, como dicen en mi tierra. Pero el grueso de esa fortuna ya se perdió.  

Sólo falta que nos digan de a cómo serán las “irregularidades e inconsistencias” de la Cuenta Pública del 2024, para saber con cuánto nos llevaron al baile los que prometieron que nos salvarían de los ladrones, saqueadores y corruptos del PRI y el PAN: “porque nosotros no somos iguales”.

¿Lo sabrá Rocío Nahle?

Hay quienes se preguntan, ¿conocerá realmente la gobernadora Rocío Nahle a Esteban Bautista Hernández, su alfil en el Congreso Local? Y se lo preguntan porque este maestro rural y luchador social ha guardado un sospechoso silencio sobre la desaparición de José Manuel Flores Ríos alias “El Oaxaco”, representante legal de la empresa Constructora del Sureste y prestanombres del exgobernador de Oaxaca José Murat.

El 28 de febrero del 2013 y después de una audiencia con el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, el Oaxaco “desapareció” en el parque de Los Berros cuando iba acompañado por Esteban Bautista, que en ese entonces presidía el Consejo de Gobierno Indígena y Popular del Sur, integrado por los municipios de Texistepec, Zaragoza, Pajapan, Oteapan, Moloacán, Mecayapan, Tatahuicapan, Sayula de Alemán y Chinameca. 

Bautista Hernández era el brazo ejecutor de las presiones para la obtención de “paquetes de obras públicas”, por montos superiores a los 800 millones de pesos durante las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa.

A casi 12 años de la desaparición de El Oaxaco, ¿qué tanto saben sobre su secuestro, levantón o aprehensión los nueve ex alcaldes integrantes del Consejo de Gobierno Indígena y Popular del Sur? ¿Qué tanto sabe Esteban Bautista, su principal socio en la promoción, adjudicación y ejecución de obra pública para esos nueve municipios?

Fue hasta tres días después de su desaparición, que Esteban Bautista dio a conocer a los medios el atentado que sufrió su socio y aliado, amenazando con que si no aparecía de inmediato cerraría todas las vías de comunicación hacía el sur del estado. 

Y es que ese era su modus operandi. 

Bautista Hernández es conocido como bloqueador de caminos, carreteras, autopistas e instalaciones estratégicas como la presa Yuribia que abastece de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. 

Fue alcalde de Tatahuicapan por el PAN-PRD en dos ocasiones y ex candidato a diputado federal por el distrito de Cosoleacaque. 

Pero el 20 de mayo del 2018 dio el gran salto a las filas de Morena al levantarle la mano a la entonces candidata al Senado, Rocío Nahle y su vida cambió. 

Como diputado local, presidente de la JUCOPO y líder de la bancada de Morena en el Congreso local, Esteban Bautista tiene un invaluable blindaje por si a alguien se le ocurre abrir el caso e investigar sobre la desaparición de su amigo y compañero de lucha, José Manuel Flores, El Oaxaco. 

Esta historia, ¿la sabrá la gobernadora Nahle? 

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