Prefacio.

Es una historia extraña, pero muy real, de eso que sólo sucede con el auspicio de la “cuarta transformación”. *** Resulta que ahora la oficina de la gobernadora Rocío Nahle cuenta con los servicios de una nueva “vocería anexa”. Lo raro del caso es que está ubicada en una de las oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. *** Permítame explicarle: Desde aquella oficina se filtra la agenda de actividades de la gobernadora. Y le doy un ejemplo: este lunes se sabe que después de su visita al puerto de Coatzacoalcos, ya por la tarde, a las 5 pm, estará en sus oficinas de Veracruz, donde recibirá al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo Serrano. *** Para el martes tiene programado encabezar en Xalapa la mesa de seguridad y después recibirá a Raquel Sosa, Directora de las Universidades del Bienestar. El miércoles viajará a la Ciudad de México para “atender temas personales”. ***m No cabe duda de que el personaje que se asume como vocero y “cercano al poder”, aspira a desplazar a Irma Dávila, para seguir haciendo negocios personales con la bandera de su “cercanía” con la titular del Poder Ejecutivo. *** Hay que decir que esta persona, que trabaja en una de las oficinas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, también funge como “asesor” en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, lo mismo que en el programa de “los 100 días de Gobierno”. *** Lo que advierten quienes están de verdad cerca de la gobernadora, es que ella muy pronto se va a cansar de que se quieran pasar de listos y utilicen información confidencial para beneficio personal. *** Pronto se verán las consecuencias.

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El alcalde de Fortín de las Flores, Gerardo Rosales Victoria, tomó la ruta más sencilla: como no es capaz de controlar la operación de la Policía Municipal, le transferirá esa responsabilidad al gobierno del estado.

En un evento muy parecido al que sucedió en Lerdo de Tejada, el 19 de enero del 2024, cuando un elemento de la Policía Municipal le marcó el alto a un joven y, al ver que éste no se detenía, inició una persecución que terminó cuando el conductor del vehículo se detuvo frente a la casa de un familiar.

Los elementos de la policía llegaron hasta ese sitio y comenzaron a disparar. Una de las balas se impactó en el cuello del joven, quien falleció de forma inmediata.

Vecinos que conocían a la víctima y sabían que era una persona de bien, reclamaron a los uniformados y poco faltó para que los lincharan.

En esta ocasión, el pasado viernes los policías municipales de Fortín de las Flores dispararon contra el joven Pablo Ortigoza, por que éste no se detuvo. Al darle alcance dispararon en su contra y lo privaron de la vida.

Pero resulta que Pablo Ortigoza era un joven ejemplar, deportista de alto rendimiento y sin una sola mancha en su comportamiento.

Frente a familiares que se manifestaron ante el Palacio Municipal, el alcalde anunció que gestionará la desaparición de la Policía Municipal y pedirá que la seguridad del municipio quede a cargo de la Secretaría de Marina.

Esto último no va a suceder. Lo más que podrá conseguir será que sea la Secretaría de Seguridad Pública estatal la que asuma esas funciones.

El control total de las policías municipales fue una de las obsesiones del secretario de Gobierno en la pasada administración. Éric Cisneros llegó a amenazar abiertamente a los presidentes municipales que se negaban a que la policía estatal desplazara a la corporación municipal.

El artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción III, establece que los municipios tendrán a su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre ellos -inciso “h”- el de “Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”.

El artículo 21 al que hace referencia, menciona que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”.

Pero, así como hay municipios que gestionan ante el gobierno estatal la cobertura de servicios públicos indispensables (la dotación de agua potable o el control de tránsito son dos de ellos), el mismo criterio ocupan para el tema de la seguridad.

La propia administración estatal –y el caso de Rocío Nahle– es la muestra más palpable, recurre al apoyo (“coordinación”, le llaman ellos) del gobierno federal.

Lo cierto es que la delincuencia ha ido avanzando sin freno por el país y cada día controlar un mayor territorio. Ante su poderío económico y fuerte equipamiento, poco o nada pueden hacer las corporaciones municipales.

La salida no es desplazar a la Policía Municipal, sino dotarle de más elementos, mejor equipados, más entrenados y con mejores salarios.

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Epílogo.

Un aviso oportuno a los transportistas veracruzanos: hay un personaje que se hace pasar por “dirigente” de ese ramo. *** Ignacio Vázquez se dedica a engañar a empresas constructoras, pues se ostenta como “líder” de ese ramo, con el cobijo del representante de la CATEM, Enrique Santos. *** Se apodera de contratos y les cobra a los verdaderos trabajadores materialistas hasta el 12 por ciento por “pronto pago”, se queda las retenciones del IVA y con los pagos a los transportistas, que no reciben lo que les corresponde cuando se ejecutan las obras. *** No hay una sola organización de este ramo que los reconozca como sus representantes y, por lo tanto, se dedican a sorprender a los transportistas para mantener sus negocios. *** Esta práctica está generando conflictos en toda la entidad, entre las empresas constructoras y los trabajadores del transporte de materiales. *** Ya en el gobierno estatal tienen conocimiento de esas prácticas y muy pronto los meterán en cintura, a ellos y a todos aquellos que les hace “segunda”.

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