La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan de seis acciones inmediatas para combatir el delito de desaparición de personas en el país, asegurando que su administración trabajará con un enfoque de justicia y verdad. Dijo que atender la problemática de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional y garantizó que su gobierno no permitirá la impunidad ni habrá “construcción oscura de verdades históricas”, en alusión al caso de Ayotzinapa en 2015.

Después del hallazgo de un presunto campo de adiestramiento y exterminio en el rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que ha conmocionado a la sociedad mexicana, Sheinbaum se ha comprometido a tener como prioridad de su gobierno el combate de las desapariciones en el país.

Las iniciativas de la presidenta Sheinbaum marcan un cambio significativo respecto a gobiernos anteriores, incluyendo al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que se han caracterizado por la indiferencia y la falta de acción ante la desaparición de personas.

México enfrenta una crisis de desapariciones que ha escalado en las últimas décadas, vinculada a la violencia e inseguridad en el país. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2024 se registraron 116 mil 386 personas desaparecidas, de las cuales el 97% ocurrieron después de 2006, en el contexto de la “guerra contra el narco” que realizó el gobierno de Felipe Calderón.

El reciente hallazgo de un presunto centro de exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde se encontraron restos humanos, ropa y artículos personales, junto a crematorios, ha evidenciado la magnitud del problema y la brutalidad del crimen organizado. Un macabro descubrimiento que subraya la urgencia de que el gobierno atienda la crisis de las desapariciones en el país.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha declarado la desaparición de personas como “una prioridad nacional” y ha anunciado una serie de medidas para enfrentar esta crisis de derechos humanos. 

Este jueves se enviarán iniciativas de reformas al Congreso de la Unión: la primera, una reforma a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.

La segunda iniciativa es una reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para:

Crear la Base Nacional Única de Información Forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal.

Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del INE para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso, a personas fallecidas.

Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las Comisiones estatales de Búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 

De igual manera se incorporarán en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República.

Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal.

Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.

Estas iniciativas buscan mejorar la coordinación y eficiencia en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como garantizar una respuesta más rápida y efectiva por parte de las autoridades.

Sin embargo, los colectivos de familiares de desaparecidos han expresado descontento, ya que muchas de las decisiones propuestas ya están en la ley, pero no se ejecutan adecuadamente.

Aunque las iniciativas de la presidenta Sheinbaum representan un paso hacia el reconocimiento y atención de la crisis de desapariciones en México, la efectividad de estas medidas dependerá de su correcta implementación y la voluntad política para hacer cumplir las leyes existentes. Es fundamental que el gobierno trabaje de la mano con las familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar justicia, verdad y reparación del daño.