El hallazgo de un campo de exterminio en un rancho de la localidad de Teuchitlán, Jalisco, no es más que una evidencia más del Estado fallido que pervive en México y de cómo las omisiones de todos los niveles de gobierno, han llevado a este país a una intolerable emergencia humanitaria.

El horror que sugieren –porque ni siquiera ha sido necesario encontrar cuerpos en el lugar- los cientos de pertenencias personales encontradas en el rancho Izaguirre es dantesco: hablan de tortura, de dolor, de la pérdida total de humanidad para infringir el mayor daño posible en los últimos momentos de la existencia de una persona.

Más de mil 300 registros de prendas, identificaciones y efectos personales –quizás los más impresionantes, los cerca de 200 pares de zapatos- encontrados en ese lugar dan cuenta, además del terror sufrido por las víctimas en los últimos momentos de sus vidas, de la brutal impunidad de los criminales y la complicidad de autoridades que nunca quisieron enterarse de lo que estaba sucediendo en sus narices. Lo cual ha sido una constante en prácticamente todo el país.

De Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula, la violencia sentó sus reales con la ayuda de autoridades que se coludieron con los criminales más sanguinarios de la historia de este país; que les entregaron no solo los territorios de comunidades, municipios, estados y regiones enteras, sino la tranquilidad y el derecho a la vida en paz de millones de personas, que hoy vivimos en la zozobra, que no contamos con ninguna certeza de que el Estado cumplirá con una de sus obligaciones fundamentales, básicas, que es la de garantizar la seguridad de la población, que para eso es que se dota de los diferentes niveles de gobierno.

Ciertamente, no es una situación nueva. Ni siquiera reciente. La escalada de violencia extrema lleva por lo menos dos décadas asolando al país, como resultado de la corrupción del poder político que, demasiado tarde, se ha dado cuenta de que fue rebasado por el poder de los asesinos, lo cual quién sabe cuánto costará revertir.

En Veracruz conocemos bien de eso. Dos décadas de violencia en la que tres partidos diferentes han (mal) gobernado y han sido cómplices, por obra y omisión, de una tragedia que ha provocado luto en miles de familias. Eso, en el “mejor” de los casos, cuando al menos han tenido la oportunidad de hacerle un funeral a sus seres queridos. 

En el peor, otros tantos miles de personas, sí, miles, están en calidad de desaparecidas, sin que se sepa de su paradero desde hace lustros, décadas, lo cual es una agonía aún más desgastante para quienes llevan todos esos años buscándoles con la esperanza de poder despedirles y darles una última morada. O por lo menos, para tener la certeza de que ya no se encuentran en este plano.

Por ello es que resulta deleznable que la respuesta del gobierno, antes y ahora, sea intentar negar que el horror sucede, que la muerte campea y que todo esto ocurre gracias a sus omisiones, a su complacencia o a su abierta colusión.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de otros personeros del régimen los pinta de cuerpo entero. “Es una campaña negra contra el gobierno”, “¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, “o dejen en paz al presidente –porque así lo siguen viendo- López Obrador”, son botones de muestra de la miseria de la autoproclamada “cuarta transformación”, en la cual nada se ha transformado y la corrupción es igual o mayor que la de otros gobiernos.

Bueno, algo sí es diferente. Ahora, las víctimas son ellos.

Las andanzas del “Veterano”

¿Qué andaba haciendo en Teocelo, Veracruz, un líder de la Mara Salvatrucha, con una ficha del FBI, considerado uno de los 10 prófugos más buscados en Estados Unidos, acusado de conspiración narcoterrorista, crimen organizado y tráfico de personas? ¿Con quiénes se entendía en el estado y quiénes lo protegían?

Preguntas que alguien debería contestar.

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