El sector salud es uno de los pilares de cualquier gobierno, y en Veracruz no es la excepción. La gobernadora Rocío Nahle ha dejado en claro que la atención médica de calidad es una prioridad para su administración, implementando, por ejemplo, un programa para garantizar el abasto de medicamentos en todos los hospitales públicos.

Sin embargo, la realidad heredada de la administración anterior es preocupante. Las irregularidades en el Sistema Estatal de Salud de Veracruz (SESVER) se habrían disparado en la gestión de Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien, según diversas fuentes, instauró una red de negocios para beneficiarse del organismo. Aún hoy, dicha red parecería intentar mantenerse a flote dentro del sistema.

Un claro ejemplo de esta situación es el Centro de Alta Especialidad de Xalapa (CAE), donde operan presuntas redes de corrupción que involucrarían a funcionarios de la dirección y, en particular, de las áreas administrativas.

En este hospital, los responsables de los servicios financieros y del presupuesto tienen vínculos familiares y responderían directamente a Rubén Vázquez Rasgado, personaje vinculado a Sisniega.

Empresarios dedicados a la venta de equipos, insumos y alimentos han denunciado, de manera informal, ser víctimas de extorsión bajo la exigencia de pagos irregulares, conocidos coloquialmente como "moches". Además, la opacidad en el manejo de recursos provenientes de la cafetería, el estacionamiento y la venta de alimentos genera sospechas sobre su administración.

El nombramiento de Isaac Nieves Flores en la Subdirección de Recursos Financieros y de David Jahziel Pérez Roldán en la Subdirección de Recursos Materiales habría fortalecido este entramado. Además, las compras hospitalarias en el CAE favorecen a un pequeño grupo de empresas, como LAREN Medicamentos y Productos Hospitalarios y Distribuidora de Fármacos y Fragancias, que abastecen el 90% de los requerimientos sin licitación ni adherirse al esquema de compras consolidadas implementado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El modelo de adquisiciones bajo el esquema de compras fraccionadas permite la adquisición directa de insumos, un mecanismo que ha sido utilizado para justificar precios inflados. En este contexto, las empresas Sysmedbi y Procesadora y Distribuidora Los Chaneques, S.A. de C.V., con experiencia en la proveeduría al ISSSTE, han sido identificadas como beneficiarias de estos contratos.

Los empresarios locales, nos dicen, se ven obligados a vender sus productos al CAE facturando a estas compañías bajo la amenaza de ser excluidos del mercado si se niegan a participar en el esquema.

Dada la gravedad de estas posibles irregularidades, el gobierno estatal debería investigar y actuar con firmeza para erradicar la corrupción en el sector salud. La intención expresada por la gobernadora Rocío Nahle de combatir estas prácticas debe traducirse en acciones concretas que garanticen la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. La salud de los veracruzanos no puede seguir siendo rehén de intereses particulares.

@luisromero85