A partir de ayer domingo 30 de marzo y durante 60 días más que es el tiempo autorizado para los aspirantes a ocupar cargos de juzgadores en el Poder Judicial Federal (PJF), podrán llevar a cabo sus campañas para permanecer en el cargo o para integrarse a este importante Poder de los 3 que forman lo que aún queda de la incipiente democracia mexicana.

Se elegirán 882 cargos, entre los que están ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); integrantes del Tribunal de Disciplina Administrativa; magistrados de circuito y jueces de distrito de entre aproximadamente 5, 379 candidatos. 

Elección que desde sus comienzos, del planteamiento de la reforma judicial, estuvo plagada no solamente de errores de procedimiento, sino lo más grave, de acciones de inconstitucionalidad que las autoridades correspondientes entre las que están el Congreso de la Unión, no observaron y autorizaron se llevaran a cabo.

A lo que hay que sumar el grave recorte presupuestal que se hizo al Instituto Nacional Electoral (INE), con toda la intención de que esta reforma y especialmente la elección no se pudiera llevar a cabo en la forma adecuada, ya que de un presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos para realizarla, los legisladores solamente le autorizaron 6 mil 219 millones, reduciendo lo solicitado en un 52.9 %, lo que arrojó como consecuencia que solamente se puedan instalar en 50 % de las casillas que originalmente se autorizaron.

Pero lamentablemente para el país y los mexicanos lo señalado no son los únicos problemas que está teniendo que enfrentar esta aberrante elección, ya que hay 7 estados en que los recursos para efectuarla también están limitados, como en: Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Zacatecas y Veracruz y solamente en la Cuidad de México (CDMX) y San Luis Potosí, hay más de lo solicitado.

Problemas a los que hay que agregar la grave situación que se vive a nivel nacional de la altísima inseguridad y que la organización México Evalúa informa que su Programa de Seguridad hay 19 entidades federativas en riesgo de caer bajo control del crimen organizado (los ganadores de la elección) de los que considera que están en alto riesgo son: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Como se aprecia en lo citado, el panorama de la elección para juzgadores del PJF no es muy alentador a lo que hay que sumar que cada aspirante deberá erogar los gastos que pueda para llevar a cabo su campaña, siendo que los topes de gastos van desde los 200 mil pesos aproximadamente hasta el millón 400 mil, que autorizo el INE. Usted qué opina, estimado lector. Hasta el viernes.

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