Prefacio.

Hay quienes sugieren que la renuncia de Dulce María “La Nena” de la Reguera al cargo de secretaria de Turismo está íntimamente ligada con la Cumbre Tajín. *** Que fue tal el cochinero en el que se convirtió ese evento (manejo discrecional de recursos, bajo las instrucciones de un personaje muy cercano a la gobernadora), que más de uno consideró seriamente la conveniencia de renunciar. La titular de Turismo fue una de ellas. *** Lo cierto es que, como en ninguna otra administración estatal, en la actual se han dado las renuncias del gabinete. Desde José Luis Lima Franco, quien fue ratificado en el cargo de secretario de Finanzas y renunció a esa posición incluso antes de que Rocío Nahle asumiera el cargo, hasta el subsecretario de Planeación de esa misma dependencia, que dejó tirada la encomienda para ir en busca de la alcaldía de Coatzacoalcos. *** Ahora la secretaria de Turismo y la titular del área de Comunicación Social de su gobierno, Adriana Muñoz, quien formará parte de la planilla que presentará Morena para competir por la alcaldía del puerto de Veracruz. *** Si algo se ha criticado al proceso electoral de Veracruz, es que hay demasiado tiempo entre la elección y la toma de posesión. Eso, sin embargo, podría servir para analizar con mucho cuidado los perfiles que habrán de integrarse a la administración estatal. *** En esta ocasión no fue así. Para nadie es un secreto que “La Nena” de la Reguera no cumplía con el perfil profesional que se requiere para dirigir una de las áreas a las que mayor énfasis pretende darle la gobernadora. *** La salida de colaboradores del primer nivel para competir por cargos municipales, habla de la falta de compromiso con Rocío Nahle, quien los invitó a un proyecto sexenal y lo están abandonando antes del primer año. *** Por lo demás, ojalá sirvan estas salidas para enderezar el rumbo en materia de promoción del turismo y de comunicación con la sociedad.

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El pasado domingo inició la campaña de aquellos profesionales del derecho que aspiran a ser elegidos para ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación, o que pretenden ser ratificados como jueces, magistrados o ministros.

Muchos de los que participan en este proceso (especialmente aquellos que buscan la ratificación en sus cargos) reconocen que hay muchos vicios, demasiados huecos en el diseño del proceso electoral y temen, con justa razón, que esos espacios vacíos sirvan para que se infiltren fuerzas contrarias a la administración de justicia.

Apenas la semana pasada Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la organización “México Evalúa”, sostuvo que el riesgo de que el crimen organizado “capture” esos espacios está latente, debido a la debilidad institucional y la vulnerabilidad ante las organizaciones delictivas.

“Nuestra democracia está totalmente vulnerada frente al crimen organizado. Es un riesgo que todavía está latente y es un riesgo que creo que después de las elecciones veremos en qué grado se materializó, pero estoy cierto de que va a ocurrir en algún nivel”, señaló.

“México Evalúa” hizo un mapa sobre el nivel de riesgo político-electoral en los procesos locales. Aclaran que “no significa que vaya a suceder, pero ya es un dato importante para encender las alarmas”.

Ocho entidades, de las 19 que tendrán elección de juzgadores a nivel local, tienen nivel de riesgo “muy alto” o “alto”. Otros 11 estados están en nivel “medio” y “bajo”.

Para la elaboración de ese mapa, “México Evalúa” consideró factores como las disputas criminales en tres o más zonas del estado; la explotación de tres o más mercados ilícitos; el número de víctimas de violencia político criminal por arriba del promedio nacional en 2024, y el porcentaje de cargos en disputa en elecciones judiciales de 2025 arriba del 50%.

Según ese análisis, Baja California fue la única entidad considerada con riesgo “muy alto”.

De ahí, con “riesgo alto”, señalaron a Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo… y Veracruz.

La mañana de este lunes, en charla con el juez Gustavo Stivalet Sedas, quien busca su ratificación como Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, dijo tener confianza en el desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE) por su vasta experiencia en estos procesos, pero admitió que esos vacíos en la reglamentación pueden ser aprovechados por poderes fácticos, incluido el crimen organizado.

Es evidente que, mediante millonarios sobornos o amenazas letales, la delincuencia organizada ha penetrado de manera significativa en los poderes políticos del país (Ejecutivo y Legislativo) y fue a través de esos instrumentos del Estado que consiguió generar las fisuras que necesitaba para penetrar en el Poder Judicial.

Si en algún momento México estaba en riesgo de convertirse en un “narco-estado”, es ahora.

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Epílogo.

Y a propósito de la injerencia del crimen organizado en el ámbito político nacional, baste leer lo que escribió apenas este lunes el analista Héctor de Mauleón: “la aparición mediática del grupo de abogados que defiende tanto al Mayo Zambada como a los líderes de Los Zetas y que están vinculados con gobernadores, políticos y figuras de alto perfil de Morena, ha llevado al gobierno de Estados Unidos a plantear su intención de poner bajo investigación a varios políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado”. *** Este lunes la gobernadora Rocío Nahle habló de un ambicioso proyecto para dotar de agua a Xalapa: “es un acueducto grande y costoso, pero hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Si nos lleva un año está bien, si cuesta un peso o 10 hay que hacerlo para garantizarle a Xalapa otros 20 años de abastecimiento de agua”, dijo. *** ¡Cuidado! Es la misma persona que dijo que la refinería de Dos Bocas costaría 8 mil millones de dólares y ya se ha triplicado su costo, fue inaugurada al menos tres veces y sigue sin dar el rendimiento que prometieron. *** No faltará quien alegue: “¿qué chiste tiene traer agua?, sólo es cuestión de hacer un hoyo y meter un tubo”.

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