Ciudad de México/ Legisladores del PAN, PRI y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que establece un nuevo fondo de pensiones. Argumentan que esta medida representa un "saqueo" de los recursos destinados a las personas mayores de 70 años.

En una conferencia de prensa, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, expresó su esperanza de que la queja sea resuelta rápidamente. Moreira advirtió que de no intervenir pronto, el partido Morena podría apropiarse de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas pertenecientes a adultos mayores de 70 años. "Esto es un saqueo debido a que las finanzas del país están quebradas", afirmó Moreira. Añadió que los pre-criterios económicos de la Secretaría de Hacienda reportan una deuda de 2 billones de pesos y anticipan que el próximo año se requerirá al menos otro billón de pesos para cubrir las obligaciones financieras.

Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, calificó la reforma como una "confiscación de las Afores", sosteniendo que la medida quitará a la gente su dinero guardado, lo cual consideró ilegal. Romero explicó que la acción de inconstitucionalidad se fundamenta en los artículos 14 y 22 de la Constitución, los cuales establecen que nadie puede ser privado de su propiedad sin un juicio. Además, subrayó que el nuevo fondo de pensiones carece de reglas claras de operación.

Por su parte, Elizabeth Pérez, del PRD, anunció que su partido también actuará contra dos reformas adicionales en cuanto sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estas reformas corresponden a las leyes de amnistía y del amparo, las cuales también consideran inconstitucionales.

Los diputados de oposición argumentan que estas medidas son una respuesta desesperada del gobierno ante la situación crítica de las finanzas públicas, y aseguran que violan derechos fundamentales de los ciudadanos. La presentación de la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN busca frenar la implementación de la reforma y proteger los recursos de los adultos mayores.

La resolución de la SCJN será crucial para determinar el futuro de esta reforma y su impacto en las finanzas y derechos de los ciudadanos mexicanos. Mientras tanto, la controversia sigue generando debate y preocupación entre los legisladores y la población.