20 de Septiembre de 2024
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Martes 18 de Junio de 2024 | 7:40 p.m.

Gobierno garantiza seguridad tras muerte de comerciante en San Andrés Tuxtla

Redacción

San Andrés Tuxtla, Ver./ En medio de un tenso ambiente, el gobierno de Veracruz ha garantizado la seguridad en San Andrés Tuxtla luego de un conflicto que culminó con la detención de ocho policías municipales, acusados de la muerte de un comerciante del mercado municipal. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, según informó la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz a través de un comunicado.

El incidente comenzó la mañana de este martes cuando locatarios del Mercado Municipal de San Andrés Tuxtla se manifestaron para impedir que trabajadores municipales retiraran escombros de la calle Manuel A. de la Cabada, parte de las obras de remodelación en la zona. En respuesta, uniformados acudieron al lugar y, con aparente uso excesivo de la fuerza, detuvieron a dos manifestantes: Jorge Pelayo y Jorge Luis Zapata Páez, este último fue trasladado al hospital Bernardo Peña, donde murió debido a un infarto que, según se reporta, fue consecuencia de los fuertes golpes propinados por los policías.

La noticia de su fallecimiento provocó que los manifestantes intentaran tomar por la fuerza el palacio municipal de San Andrés Tuxtla, acción que fue impedida por la intervención de las autoridades.

La Secretaría de Gobierno del Estado detalló que su intervención fue solicitada para mantener la seguridad y tranquilidad de la población y evitar mayores altercados que pusieran en riesgo a más personas.

“Conminamos a las partes a privilegiar el diálogo y a seguir los cauces institucionales para que continúen su curso legal en el caso particular del fallecimiento de una persona. Todo hecho se investigará conforme a derecho por parte de la Fiscalía General del Estado”, expresó en el comunicado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz se desplazaron al lugar para mediar entre las partes y procurar la paz en el municipio. Las autoridades estatales han reafirmado su compromiso de investigar el suceso y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, mientras buscan restablecer el orden y la confianza en la comunidad.

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