San Antonio Limón Totalco/ La demanda de justicia no cesa en San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote, a pesar del levantamiento del bloqueo de la carretera libre a Puebla. Los habitantes del lugar mantienen la esperanza de dialogar con autoridades del Gobierno del Estado para alcanzar un acuerdo.

"Queremos que garanticen indemnización para las familias de los dos compañeros que murieron a causa de la agresión de la Fuerza Civil el pasado jueves; cada uno tenía tres hijos menores de edad y eran personas trabajadoras," sostienen los vecinos.

La protesta inicial, encabezada por comunidades poblanas y de San Antonio Limón Totalco, fue contra la sobreexplotación del agua y la contaminación que presuntamente genera la empresa porcina Granjas Carroll de México en el valle de Perote.

Ayer, 26 de junio, luego de una semana de conflicto, los lugareños liberaron la carretera a Puebla después de que los familiares de las víctimas solicitaran privilegiar el diálogo con las autoridades estatales.

El origen del conflicto en Totalco, Perote

Los hechos se remontan al pasado jueves 20 de junio, cuando los habitantes se plantaron en la carretera a Puebla para protestar contra la transnacional Granjas Carroll de México y exigir el abasto de agua para su pueblo.

Elementos de la Guardia Nacional intentaron dialogar con ellos para retirarlos, pero efectivos de Seguridad Pública llegaron y comenzaron a desalojarlos violentamente. Incluso, una oficial de la Guardia Nacional fue golpeada por efectivos de Seguridad Pública, y posteriormente, policías de la Fuerza Civil accionaron armas de fuego. Los manifestantes apenas se defendieron con piedras y palos. "Nos corretearon entre calles del pueblo y campos agrícolas; dispararon por todos lados, se metieron a nuestras casas y causaron daños; vinieron a matar," relata una vecina.

En la confrontación, murieron los hermanos Jorge y Alberto, quienes intentaron huir en un tractor alcanzado por las balas. Ese día también hubo varios heridos, incluyendo un adulto mayor que fue detenido y posteriormente liberado.

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Reacciones y medidas tomadas

Indignados, los pobladores se reunieron y bloquearon nuevamente la carretera a Puebla para exigir justicia. "Llegaron como sicarios, llegaron a matar," insisten. El 21 de junio, autoridades del Gobierno del Estado acudieron a dialogar y se comprometieron a firmar una minuta de acuerdo durante una mesa de diálogo programada para el 24 de junio.

El sábado por la tarde, los manifestantes liberaron la carretera en espera de la mesa de diálogo y se informó que la Fiscalía General de la República llevaría a cabo las investigaciones. Desde entonces, el Ejército se encarga de la vigilancia en San Antonio Limón Totalco y el Gobierno del Estado anunció la próxima desaparición de la Fuerza Civil, citando una serie de irregularidades desde su creación en 2014. Las corporaciones de Seguridad Pública tienen órdenes de no entrar a ese poblado.

El enojo colectivo resurgió cuando las autoridades estatales no se presentaron a la mesa de diálogo del lunes, lo que llevó a los manifestantes a bloquear la carretera nuevamente.

Acciones y declaraciones recientes

El subsecretario de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, aseguró que se instalará una mesa de diálogo para tratar la indemnización de las familias de los campesinos fallecidos. "Existe un diálogo permanente con los pobladores de esa comunidad, que siguen exigiendo la clausura total de las granjas en el valle de Perote," indicó.

Por otro lado, el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, informó que la Procuraduría de Medio Ambiente clausuró una granja de Granjas Carroll de México por irregularidades en el tratamiento de una laguna de aguas residuales. La empresa no ha emitido más declaraciones.

La Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones y promete dar a conocer detalles más adelante. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH) inició una queja de oficio por el desalojo de la manifestación y la muerte de los dos campesinos.

Mientras tanto, la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, destacó que se está llevando a cabo una investigación correspondiente, aunque evitó calificar las muertes como ejecuciones extrajudiciales.

Las autoridades y la comunidad esperan alcanzar un acuerdo que garantice justicia y reparación de daños a los afectados, además de la revisión de permisos y concesiones otorgados a Granjas Carroll de México.