Xalapa, Ver./ El Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas, ha exigido a la XLVI Legislatura del Estado que cumpla con su deber y, antes de finalizar su periodo, emita la convocatoria e instale de manera inmediata un nuevo Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda.

Los integrantes del Consejo señalaron en un comunicado que, desde hace más de un año y medio, han enviado oficios a la Comisión de Gobernación de la XLVI Legislatura del Estado, solicitando la integración de nuevas personas consejeras conforme lo establece la ley.

Explicaron que existe una preocupación significativa ya que, al finalizar el mes de julio de 2024, este consejo quedará con solo una persona reconocida conforme a los lineamientos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dejando un espacio de 12 cargos vacantes dentro del consejo de los 13 espacios que corresponden conforme a la ley.

A pesar de haber comunicado esta situación de manera oportuna al Ejecutivo del Estado en varias reuniones del Mecanismo Estatal de Coordinación, los integrantes del Consejo expresaron su frustración por la falta de apoyo necesario. También señalaron que, durante el año 2022, recurrieron al Órgano Interno de Control de la SEGOB para hacer que el Mecanismo Estatal de Coordinación cumpliera con la ley y sesionara.

Los miembros del Consejo subrayaron la importancia de que este esté conformado por personas que representen a los tres sectores contemplados por la ley, garantizando así una representatividad adecuada y efectiva. Asimismo, demandaron que se escuche a las familias de las personas desaparecidas y que se establezca una comisión permanente en materia de búsqueda de personas y atención a los familiares de las víctimas.

"Los periodos administrativos no pueden ser un pretexto para detener los procesos de acción en la coordinación de búsqueda de personas", afirmaron.

El Consejo destacó que el tiempo de actuar es ahora, advirtiendo que las omisiones y la inacción tienen consecuencias graves y profundas en la vida de muchas familias.

"Es imperativo que la XLVI Legislatura del Estado asuma su responsabilidad y tome las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la atención a las víctimas y sus familias", concluyeron.