Ciudad de México/ El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez de diversas disposiciones de la Constitución, Ley de Seguridad Pública y Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Estas disposiciones establecen otorgar medidas de seguridad y protección a exgobernadores, secretarios generales de Gobierno, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, por un periodo equivalente al tiempo de su encargo, con la posibilidad de prorrogarlo según las condiciones de riesgo.

La decisión fue tomada al resolver las acciones de inconstitucionalidad 158/2021 y 159/2021, promovidas por la minoría legislativa de la LXV Legislatura del Congreso de Tamaulipas y el Poder Ejecutivo federal. Estas acciones buscaban invalidar las mencionadas disposiciones locales, argumentando violaciones constitucionales.

Bajo la ponencia de Yasmín Esquivel Mossa, y en contra de su propuesta, el pleno de la SCJN determinó por mayoría de votos validar las porciones legales impugnadas. Esto incluye la validez del artículo 19 BIS, fracción I, párrafo segundo, el cual establece la obligación del Estado de garantizar medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes a los exfuncionarios mencionados, durante el tiempo que duró su cargo y por un periodo igual al tiempo que ocuparon el mismo, con posibilidad de prórroga según los riesgos existentes.

Además, respecto a la Fiscalía General de Justicia, se determinó que los servidores públicos que hayan desempeñado funciones en la institución tendrán derecho a dicha protección al momento de causar baja, si las funciones realizadas lo ameritan.

La SCJN concluyó que el Congreso local de Tamaulipas tiene libertad configurativa en esta materia, subrayando que la posibilidad de otorgar medidas de protección no implica una violación a los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, como establece el artículo 134 de la Constitución mexicana.