Monterrey, NL./ La jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, concedió una suspensión provisional a un grupo de jueces y magistrados que impugnaron la reciente reforma judicial. La medida, dictada dentro del juicio de amparo 989/2024, detiene temporalmente varios de los cambios propuestos, que incluyen la selección de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la remoción de jueces y magistrados en funciones, y la extinción de fideicomisos dentro del Poder Judicial.

La jueza Alarcón Cortés ordenó que, mientras se resuelve el fondo del asunto, el Senado de la República no podrá emitir la convocatoria para integrar la lista de candidatos a ministros de la SCJN ni seleccionar a los integrantes del tribunal que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además, se mantiene vigente la prohibición de remover de sus cargos a los jueces y magistrados en funciones.

Entre los puntos más relevantes de la resolución, la jueza estipula que no se podrán reducir los salarios de los impartidores de justicia, incluso si estos superan los ingresos asignados al presidente de la República. Del mismo modo, se preservarán las pensiones complementarias de jueces en funciones y en retiro que presentaron el amparo, así como sus beneficiarios.

En sus consideraciones, la jueza Alarcón Cortés advirtió que la reforma judicial podría favorecer la arbitrariedad del Poder Ejecutivo y Legislativo, al vulnerar derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte. “Es procedente conceder la suspensión provisional, ante la posible vulneración de derechos”, subrayó.

La suspensión también protege los fideicomisos del Poder Judicial, evitando que sean extinguidos y sus fondos transferidos a instituciones del Poder Ejecutivo, como lo prevé el artículo décimo transitorio de la reforma. La jueza Alarcón Cortés ordenó que el CJF se abstenga de proporcionar al Senado la información relacionada con vacancias y retiros programados de jueces y magistrados, hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Esta resolución, que aún puede ser impugnada por el Ejecutivo y el Legislativo, solo beneficia de manera provisional a los solicitantes del amparo, cuya identidad ha sido reservada. Sin embargo, sienta un precedente en la disputa por la reforma judicial que ha generado controversia en los círculos políticos y judiciales del país.

La reforma, que busca reconfigurar el sistema judicial, ha sido criticada por jueces y magistrados que temen la vulneración de su independencia y la pérdida de derechos adquiridos. Con esta suspensión, el debate sobre el alcance y los efectos de los cambios impulsados por el gobierno se mantiene en el centro de la discusión pública.