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Ciudad de México/ El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, dio entrada a cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas por miembros del Poder Judicial de la Federación y partidos políticos de oposición contra la reciente reforma judicial. Sin embargo, el ministro se negó a otorgar suspensiones en contra de esta reforma, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre y entró en vigor al día siguiente.
En un acuerdo publicado en estrados, González Alcántara Carrancá indicó que dará vista de su decisión a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como a los congresos de las 32 entidades del país, para que presenten los informes correspondientes. Aún no hay un plazo definido para la elaboración del proyecto que determinará la constitucionalidad de la reforma, y su presentación ante el Pleno de la SCJN será necesaria para su discusión y resolución. Mientras tanto, la aplicación de la reforma continuará, dado que el ministro ponente desestimó las solicitudes de suspensión.
El ministro aclaró en su acuerdo que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no implica automáticamente la suspensión de la norma general, a diferencia de lo que ocurre en las controversias constitucionales. Como parte del proceso, el Poder Ejecutivo deberá presentar una copia certificada del Diario Oficial donde consta la publicación del decreto, y los congresos locales deberán remitir los antecedentes relacionados.
Entre las acciones promovidas se encuentran las presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Unidad Democrática de Coahuila y diputados de oposición del Congreso del Estado de Zacatecas. Se ha otorgado un plazo de diez días para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita su opinión sobre las acciones.
Además, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha sido ordenada a entregar en un plazo de tres días naturales una copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos nacionales promoventes, así como los registros vigentes y la identificación de sus actuales representantes e integrantes de los órganos de dirección nacional. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Coahuila también tiene tres días para presentar copias certificadas de los estatutos del partido Unidad Democrática de Coahuila.
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