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Ciudad de México/ El Consejo de Administración de Grupo Televisa ha aprobado la solicitud de licencia de Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo de la empresa, con efecto inmediato. Esta decisión se produce mientras se lleva a cabo una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
En un comunicado emitido en su reporte financiero del tercer trimestre, Televisa confirmó que la compañía está cooperando con las autoridades en esta investigación. El caso, que fue revelado por la propia empresa el 30 de agosto, involucra acusaciones de sobornos a altos directivos de la FIFA para asegurar los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol de 2018, 2022, 2026 y 2030.
Azcárraga Jean, quien ha dirigido Televisa durante más de 20 años, asume esta decisión en un momento crítico, mientras el conglomerado enfrenta crecientes presiones legales. A finales de agosto, Televisa advirtió a sus inversionistas que la investigación podría tener un “impacto material” en su situación financiera y resultados operativos. “La compañía no puede predecir el resultado de la investigación ni si efectivamente tendrá un impacto material. Estamos cooperando con la investigación”, indicó en ese momento.
La indagatoria se enmarca dentro del escándalo de corrupción conocido como “FIFAgate”, que ha sacudido el mundo del fútbol en los últimos años y que también ha implicado a otras empresas y directivos. El Departamento de Justicia ha señalado a Televisa por “inflar artificialmente” el precio de sus certificados de depósito estadounidenses (ADR), ocultando sobornos por un monto de 15 millones de dólares relacionados con la obtención de derechos para las Copas del Mundo.
A pesar de su licencia, Azcárraga Jean seguirá vinculado a la empresa, que enfrenta desafíos significativos en un contexto complicado para la industria mediática, tanto en México como a nivel global. Desde la reapertura del caso en agosto, las acciones de Televisa han experimentado volatilidad en los mercados, reflejando la incertidumbre que rodea a la situación.
En 2023, la empresa llegó a un acuerdo para pagar 95 millones de dólares en una demanda colectiva que alegaba la ocultación de una supuesta violación a la Ley de Valores de Estados Unidos, relacionada con la inflación artificial de sus acciones.
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