CDMX/ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho público un proyecto de sentencia propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea la anulación parcial de la reforma judicial recientemente aprobada. La propuesta sugiere que la elección en urnas se limite a los ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del nuevo Tribunal de Disciplina, excluyendo a jueces de distrito y magistrados de circuito.

El ministro González Alcántara Carrancá argumenta que el proceso electoral de juzgadores programado para 2025 no garantiza la seguridad jurídica necesaria. Entre las reformas a invalidar se encuentran la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para estos funcionarios, y la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo. Además, el proyecto considera inconstitucional la figura de “jueces sin rostro”.

Si bien el ministro respalda las medidas de austeridad para futuros cargos y la extinción de fideicomisos, se opone a la reducción de remuneraciones para jueces de distrito y magistrados de circuito.

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, ha calificado el proyecto como "inconstitucional, ilegal y arbitrario", y ha asegurado que el proceso electoral para juzgadores continuará sin interrupciones.

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El proyecto se enmarca dentro de la acción de inconstitucionalidad 164/2024, presentada por los partidos PAN, PRI, MC, legisladores del Congreso de Zacatecas y el partido local Unidad Democrática de Coahuila. La discusión en el pleno de la SCJN está programada para el próximo jueves.

La reforma judicial, que entró en vigor el 16 de septiembre, ha sido objeto de controversia, ya que el proceso para la elección de jueces comenzó formalmente el 12 de octubre, a solo un día después de su promulgación. El ministro advierte que el sistema propuesto no asegura las condiciones mínimas de seguridad jurídica, lo que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

El proyecto también aborda la problemática del Tribunal de Disciplina Judicial, señalando que sus facultades no están claramente definidas, lo que podría llevar a un uso arbitrario y a un control excesivo sobre los jueces.

La SCJN tiene la responsabilidad de proteger las garantías individuales, y la discusión de este proyecto representa un momento crítico para el futuro del sistema judicial en México.