Ciudad de México/ El Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de Bienestar, con 123 votos a favor. Esta reforma convalida a rango constitucional la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años y establece programas sociales como derechos fundamentales para todas las personas en situación de vulnerabilidad.

El nuevo decreto busca garantizar un estándar mínimo de desarrollo para grupos en situación de desventaja, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores, campesinos y pescadores. De acuerdo con la reforma, el Estado deberá proporcionar una pensión no contributiva y permanente a personas con discapacidad menores de 65 años, y a todas las personas mayores de 65 años se les asignará una pensión no contributiva.

La reforma también asegura el derecho constitucional a una vivienda adecuada y establece que el Estado debe garantizar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a aquellos menores de 18 años. Además, se destinarán anualmente recursos presupuestarios suficientes y oportunos, garantizando que no se reduzcan en términos reales en comparación con el año fiscal anterior.

El dictamen enfatiza que el Estado deberá ofrecer un jornal seguro y justo a campesinos que cultiven sus tierras, así como apoyo económico y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala. También se establecerán precios de garantía para productos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, destacó la importancia de elevar los programas sociales a rango constitucional, calificando la reforma como una de las más nobles en la historia del Congreso. “Esto garantiza que los programas sociales sean universales, constituyendo un derecho para todas y todos los mexicanos”, afirmó.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que esta reforma representa un “paso gigantesco” hacia un Estado que reivindica los derechos de las personas que enfrentan carencias. “Estamos en la ruta de revertir 36 años de políticas neoliberales”, subrayó.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que el financiamiento de los programas de bienestar provendrá del combate a la corrupción y la evasión fiscal, garantizando que no se utilicen con fines electorales.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Díaz Marmolejo, también respaldó las reformas, señalando que son oportunas para garantizar derechos fundamentales y mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.