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Ciudad de México/ Por unanimidad, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno.
Con 119 votos a favor, la reforma busca fortalecer la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), destacando la importancia de la cooperación interinstitucional para enfrentar la creciente actividad criminal en el país.
Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que la reforma pone un énfasis particular en la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes cuerpos de seguridad. “No hay posibilidad de hacer frente a la actividad criminal si no es coordinando esfuerzos”, expresó. La senadora enfatizó que, aunque es necesario abordar los problemas del pasado, la reforma busca también ofrecer soluciones para el futuro, respondiendo al reclamo de la sociedad por mayor seguridad y paz social.
Simey Olvera Bautista, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subrayó la relevancia de contar con un sistema de seguridad más eficiente y coordinado. Señaló que la reforma no solo busca acciones reactivas, sino que también prioriza medidas preventivas y disuasivas para reducir la criminalidad. “El objetivo es consolidar tendencias de reducción delictiva para 2030”, apuntó.
El proyecto de reforma establece que la investigación de los delitos será responsabilidad del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, la Guardia Nacional y las policías locales, las cuales deberán actuar bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad. Además, otorga a la SSyPC la facultad de coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y dirigir el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad.
Uno de los puntos clave de la reforma es la creación de un Secretariado Ejecutivo dentro del SNSP, encargado de emitir bases, acuerdos y lineamientos para homologar estándares en materia de seguridad entre los tres órdenes de gobierno. Este organismo también será responsable de auditar y vigilar los fondos federales destinados a la seguridad pública.
Con esta reforma, se pretende establecer un nuevo diseño de las instituciones de seguridad pública en México, con el fin de mejorar la eficiencia y la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos que afectan a la población. La reforma también busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la seguridad pública y la colaboración efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
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