Ciudad de México/ El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para iniciar los trabajos de la elección de los nuevos jueces, prevista para la próxima semana, mientras continúa su defensa legal contra los amparos en contra de la reforma constitucional en esta materia.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el miércoles próximo comenzarán los trabajos relacionados con la elección de los juzgadores, y al mismo tiempo, se interpondrán recursos jurídicos ante el Poder Judicial para resolver los amparos presentados en contra de la reforma constitucional en cuestión. “Tenemos que realizar algunas actividades jurídicas previas al 20 de noviembre para defender todos los recursos que el Instituto ha recibido”, destacó Taddei.

Además, la funcionaria explicó que el INE está comprometido con la transparencia y la legalidad en este proceso, y aseguró que el personal del instituto trabajará “bajo la sombrilla de la tranquilidad jurídica” para garantizar un desarrollo adecuado de las elecciones.

En este contexto, Taddei defendió el anteproyecto presupuestal presentado por el INE para esta elección, que asciende a 13 mil 205 millones de pesos. También justificó el bono para los trabajadores del instituto, destacando que en tiempos electorales todos los días son hábiles y el personal está disponible “24/7”. “Seremos muy sensibles a lo que ellos plantean y pedimos exactamente lo mismo; la sensibilidad del planteamiento del Instituto sobre el costo del proceso electoral”, comentó.

A pesar de las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que el monto presupuestado es excesivo, Taddei insistió en que sería irresponsable ajustar la cifra antes de definir detalles clave del proceso electoral, como el número de casillas que se instalarán el 1 de junio del próximo año y las características de las boletas que se imprimirán. Además, se planteó la posibilidad de modificar la estructura de las casillas, considerando la opción de “centros concentradores de territorio”, que agruparían varias secciones electorales en un mismo lugar, en lugar de las 170,000 mesas receptoras de votos tradicionales.

En cuanto a la relación con el Ejecutivo, Taddei aclaró que el canal institucional para dialogar sobre estos temas debe ser el Congreso de la Unión, no la presidencia de la República. “Tenemos un canal muy definido, que es el Congreso, y hay una buena disposición para escucharnos y para trabajar en conjunto en lo que se necesita”, señaló, haciendo énfasis en que el INE está dispuesto a escuchar los planteamientos de los legisladores y a tomar decisiones en conjunto.

Por otro lado, el INE continuará con sus gestiones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en paralelo a los trabajos de organización de la elección judicial.

En cuanto al presupuesto, Taddei recordó que tanto los 13 mil 205 millones de pesos solicitados para la elección judicial, como los más de 4 mil millones destinados a la consulta popular, tienen carácter “precautorio”, ya que la Cámara de Diputados aún debe aprobar estos montos.

Con estos esfuerzos, el INE busca garantizar la transparencia y legalidad de un proceso electoral crucial, en medio de un debate público sobre la viabilidad y los costos asociados a la elección judicial.