Washington, D.C./ El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su intención de declarar un estado de emergencia nacional para abordar lo que calificó como una "crisis en la frontera con México". La medida busca facilitar el uso de las fuerzas armadas para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una de las promesas más destacadas de su campaña.

El plan, diseñado por Stephen Miller, asesor clave de Trump y recientemente nombrado subjefe del gabinete para políticas, incluye la colaboración de gobernadores republicanos para desplegar tropas de la Guardia Nacional. Estas fuerzas asistirán en la detención, establecimiento de centros de reclusión y eventual deportación de inmigrantes. Según Miller, estas acciones se centrarán en los aproximadamente 11 millones de personas que viven en el país sin documentos legales.

En respuesta a un comentario en redes sociales de Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, Trump confirmó que su administración utilizará recursos militares para implementar su programa de deportaciones. Fitton, reconocido por su papel en la designación de jueces conservadores en la Suprema Corte durante el primer mandato de Trump, aseguró que el presidente está preparado para declarar una emergencia nacional que facilite este esfuerzo.

Medidas inmediatas y controversias legales

Trump ha prometido iniciar las deportaciones desde el primer día de su mandato, que comienza el 20 de enero, aunque aún no ha especificado cómo financiará ni ejecutará un operativo de esta magnitud. Algunos estados ya han comenzado a prepararse. En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt anunció un proyecto piloto para entregar a las autoridades federales a inmigrantes encarcelados, destacando que su estado quiere liderar la colaboración con el futuro gobierno.

Sin embargo, grupos de derechos humanos y defensores de los migrantes han señalado que esta estrategia podría violar la Constitución. La organización America’s Voice aseguró que “no hay ninguna ley que permita a un presidente movilizar militares para aplicar la ley migratoria internamente”. Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda contra el gobierno actual para obtener información sobre las deportaciones recientes y preparar acciones legales contra el plan de Trump.

Impacto económico y división política

Mientras Trump y sus aliados defienden la estrategia como una solución a la “invasión migrante”, líderes republicanos han reconocido la necesidad de la mano de obra inmigrante para la economía estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que el país debe fomentar la inmigración legal y expandir los programas de visas de trabajo para evitar daños económicos.

A pesar de las críticas y las posibles implicaciones legales, Trump y su equipo han reiterado que las deportaciones masivas se centrarán inicialmente en inmigrantes con antecedentes penales. "Queremos proteger nuestras comunidades y asegurar nuestras fronteras", afirmó el presidente electo en recientes declaraciones al Wall Street Journal.

Este anuncio marca el inicio de una nueva fase de tensiones políticas y legales en torno a la migración en Estados Unidos, mientras la nación se prepara para un cambio de administración.