Xalapa, Ver./ Previo a asumir el cargo de gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García aseguró que la entidad tendrá nivel político y aclaró que emana de un movimiento transformador

Los problemas en salud, economía y derechos humanos siguen siendo desafíos sin resolver en Veracruz, coinciden académicos de la Universidad Veracruzana.

A unos días de que concluya el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, especialistas añaden que a estos se suman el deterioro de la infraestructura carretera, los problemas ambientales y la gestión del agua, mismos que deberá enfrentar a partir del 1 de diciembre la próxima gobernadora, Rocío Nahle García.

En entrevista, destacaron que la expectativa de los ciudadanos en ese entonces se centraba en que su gobierno, atendería los temas pendientes heredados por administraciones anteriores:

• Inseguridad

• Corrupción

• Desempleo

• Pobreza

• Desarrollo económico

• Falta de transparencia en el manejo de recursos públicos

A esto se sumaba la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de desaparición, un tema sensible que dejó a Veracruz sumido en una crisis de derechos humanos.

Previo a asumir el cargo de gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García aseguró que la entidad tendrá nivel político y aclaró que emana de un movimiento transformador...

Pero a partir del 1 de diciembre tengo que ser plural y respetuosa

¿Cuáles son los retos que deja el gobernador a la próxima administración?

En una entrevista con Víctor Manuel Andrade Guevara, coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, el académico señaló que temas clave como la salud, el crecimiento económico y los derechos humanos requieren atención urgente, pues las condiciones actuales reflejan rezagos históricos y desafíos no resueltos.

Andrade Guevara destacó que Veracruz enfrenta un déficit crítico en infraestructura y servicios de salud. “Veracruz ocupa los últimos lugares en acceso a servicios médicos, lo cual impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos menos unidades hospitalarias, camas y personal médico que otros estados”, explicó.

Señala que este rezago no se ha revertido pese a las transferencias económicas y programas sociales implementados por la administración actual, que si bien brindan apoyo temporal, no resuelven los problemas estructurales.

En cuanto a la economía, el académico señaló que Veracruz ha mostrado un crecimiento limitado durante décadas, y que esta administración no ha logrado cambiar esa tendencia.

“La economía veracruzana no crece al ritmo de su población. El producto interno bruto (PIB) per cápita sigue en descenso, lo que indica un bajo desarrollo económico. La falta de inversiones y de empresas que generen empleo formal es evidente”, enfatizó Andrade Guevara.

Añadió que el estado no se ha beneficiado del comercio con Estados Unidos, y que el incremento de remesas evidencia que muchos veracruzanos se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades laborales.

Otro aspecto fundamental es la infraestructura, particularmente en carreteras y suministro de agua.

Andrade criticó el deterioro de la red carretera, señalando que afecta la integración regional y eleva los costos de transporte, además de limitar la atracción de inversiones. También mencionó la crisis de abastecimiento de agua potable, que afecta a cada vez más comunidades veracruzanas, especialmente durante las sequías anuales.

En materia de derechos humanos, Andrade Guevara alertó sobre una situación crítica en Veracruz, respaldando su análisis con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Veracruz tiene serios rezagos en acceso a la justicia. La Fiscalía muestra una baja capacidad para resolver feminicidios y desapariciones, mientras que los abusos policiales han sido una constante durante el sexenio”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante el sexenio, los abusos policiales fueron una constante en Veracruz. Desde las represiones de movimientos sociales, hasta los asesinatos de jóvenes en los separos de la policía, pasando por el caso en Perote, donde la población se manifestó contra las Granjas Carroll. En Lerdo y en múltiples municipios, hubo una serie de abusos policiales, y nunca se hizo nada para remediarlo. “Se prometió la desaparición de la Fuerza Civil, pero eso no cambió nada, ya que los mismos elementos solo cambiaron de nombre”, mencionó.

También destacó el abuso cotidiano relacionado con las grúas que retiran vehículos en los centros de las ciudades, dejando a los ciudadanos en total indefensión. No se produjo un incremento en las medidas de control, lo cual refleja, según Andrade Guevara, las características de los gobiernos anteriores.

Andrade Guevara consideró que la administración actual necesita un enfoque más estructural para superar estos retos.

“Este gobierno ha priorizado programas de apoyo social, pero estos no son suficientes sin una estrategia para generar crecimiento económico y mejorar la infraestructura de servicios básicos. Se requiere inversión en hospitales, educación, y políticas ambientales como la limpieza de ríos y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales”, refirió.

En derechos humanos y seguridad en Veracruz aún no hay misión cumplida

A casi seis años de gestión, el gobierno de Veracruz ha dejado múltiples demandas sin atender, especialmente en derechos humanos y seguridad, señaló Mayra Ledesma Arronte, académica de la Universidad Veracruzana y exdirectora de Cultura de Paz y Derechos Humanos en la entidad.

Entre los problemas más críticos, destaca el incremento de personas desaparecidas, la falta de coordinación entre instituciones y una política insuficiente para abordar la violencia de género.

Desde el inicio de la administración morenista, se tenían aproximadamente 4 mil carpetas de investigación relacionadas con desapariciones en Veracruz. Sin embargo, según Ledesma, esa cifra ha aumentado significativamente, superando las 7 mil personas desaparecidas en la actualidad. La cifra real es incluso mayor debido a una significativa “cifra negra” de casos que no se reportan oficialmente.

La crisis de desapariciones no se ha frenado; al contrario, en algunos periodos ha empeorado, evidenciando fallos en la estrategia de seguridad

Ledesma Arronte también señaló que la violencia de género sigue sin recibir una respuesta adecuada, a pesar de que la administración estatal asumió compromisos iniciales en este ámbito.

“El Instituto Veracruzano de las Mujeres, por ejemplo, ha funcionado todo el sexenio con una encargada de despacho, incumpliendo la promesa de designar a una titular definitiva. Ni en los peores momentos del gobierno de Duarte se había visto tan deteriorada esta institución”, comentó.

Para la académica, la prevención de feminicidios debería ir más allá de las leyes actuales, como la Ley Olimpia y la tipificación de violencia vicaria, e incluir una política de prevención integral.

“Es necesario trabajar desde la educación, capacitar a profesores y actualizar los libros de texto para desmantelar la cultura patriarcal que sostiene esta violencia. Sin acciones preventivas, el feminicidio solo puede abordarse cuando ya es demasiado tarde, cuando la vida de una mujer ya ha sido arrebatada”, explicó.

La académica también lamentó que el gobierno veracruzano no haya fortalecido la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, creada al inicio de la administración. Ledesma Arronte señaló que, en la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, creada al inicio de la administración, es fundamental contar con personas competentes y asignar un presupuesto adecuado. 

Recordó que cuando estuvo al frente de esta dirección, tuvieron que construirla desde cero, pero el equipo formado fue desmantelado, lo que dejó a la dirección “completamente descabezada y sin ningún tipo de poder ni capacidad de ejercicio”.

En este sentido, indicó que tanto la Declaratoria como el programa de Tolerancia Cero a la Violencia contra las Mujeres quedaron solo en papel, ya que en la práctica “todo se hace como si se hiciera”, lo que considera una simulación.

Para abordar verdaderamente estos problemas, afirmó, es necesario modificar por completo la estructura institucional.

La Dirección de Cultura de Paz, según Ledesma, debería convertirse en una subsecretaría o, incluso, existir una Secretaría de Derechos Humanos, ya que la problemática actual lo requiere.

Además, sugirió que se debe fomentar una carrera dentro de las instituciones, ya que, aunque hay personas valiosas dentro de ellas, estas enfrentan una carga de trabajo excesiva y viven en condiciones laborales precarias, especialmente en la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas.

“Es necesario implementar un servicio profesional de carrera, con seguridad laboral y programas de fortalecimiento y crecimiento para que las personas puedan seguir capacitándose, sin que cada gobierno despida a todo el personal por tener otro equipo. Debemos construir esto a largo plazo si realmente queremos atender los problemas de fondo”, subrayó.

En el ámbito de seguridad, Ledesma Arronte destacó la ineficaz coordinación entre la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía del Estado, una problemática que se extiende a nivel nacional.

Aseguró que las fiscalías suelen ser reticentes a colaborar y compartir información, lo cual obstaculiza las investigaciones de personas desaparecidas. “La situación no ha mejorado en Veracruz; las fiscalías, además de estar saturadas, siguen revictimizando a las familias y dificultando las denuncias de violencia de género”, declaró.

Por otro lado, Ledesma criticó la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, recordando que en sus inicios, esta administración contaba con el respaldo de diversos colectivos. Sin embargo, afirmó que actualmente existe una “distancia” e incluso un rechazo hacia la crítica constructiva.

“El gobierno no acepta la crítica y considera que cualquier cuestionamiento es una ofensa. La autocrítica es esencial para mejorar, pero la administración parece verla como un ataque”, indicó.

Finalmente, la experta subrayó la necesidad de políticas públicas a largo plazo, incluyendo el fortalecimiento de un servicio profesional de carrera en instituciones como la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.

Ledesma Arronte señaló que, actualmente, todo el conflicto con el Poder Judicial y las reformas que se están implementando no abordan lo que sucede en la Fiscalía. No ha habido una depuración interna en esa institución, y aún persisten elementos que llevan toda su vida en el cargo.

“Se requiere una voluntad política muy grande para hacer un programa integral a corto, mediano y largo plazo; no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana”, afirmó.

A pregunta expresa sobre si, en materia de derechos humanos, este gobierno ya puede considerarse como misión cumplida, Ledesma Arronte respondió de manera contundente: “No”. Luego agregó: “Puedo decir con certeza que la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz se ha cumplido tal vez en un 30%, y esa es una cifra muy negativa”, concluyó.