21 de Noviembre de 2024
Entorno Político | Nacional
Miércoles 20 de Noviembre de 2024 | 8:13 p.m.

IP de San Luis Potosí exige a FGR acción frente a presuntos delitos fiscales de proveedor de Pemex

Con información de Reporte Índigo

Ciudad de México/ La Iniciativa Privada en San Luis Potosí ha demandado una respuesta urgente y firme por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) tras las revelaciones sobre los presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario Gerardo Sánchez Zumaya. Según una investigación del periódico Reforma, Sánchez Zumaya habría operado una red de factureras para obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha generado un fuerte debate en la opinión pública sobre la corrupción en el sector energético. 

Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, expresó su profunda preocupación y exigió que las autoridades no permanezcan inactivas frente a las evidencias presentadas en el caso.

“Lo que pedimos es que se vea la mano de las autoridades, sobre todo de las correspondientes, y que no se queden calladas o cruzadas de brazos”, subrayó. Ortuño también señaló la falta de control y supervisión en Pemex, lo que habría permitido la operación de estas redes ilícitas. 

El dirigente empresarial enfatizó que, si las pruebas son concluyentes, la FGR debe aplicar el debido castigo a los responsables y garantizar que no haya impunidad en casos de corrupción a gran escala. 

En un ámbito más amplio, Ortuño también cuestionó los recortes propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025, especialmente aquellos que afectan a sectores clave como Salud, Universidades y Medio Ambiente. El líder empresarial señaló que los recortes a estos sectores representan una “falta de sensibilidad y visión a largo plazo” por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. 

“La situación ya es crítica en sectores como la salud pública, y estos recortes solo reflejan una falta de responsabilidad en la gestión pública”, advirtió Ortuño, quien subrayó que tanto el caso de Sánchez Zumaya como las propuestas presupuestarias del gobierno afectan gravemente la confianza del sector empresarial y socavan la credibilidad en las instituciones.

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