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Ciudad de México/ La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2025, que contempla una recaudación estimada de 137 mil 500 millones de pesos, en gran parte derivada de aumentos en el cobro por la extracción minera, la eliminación de exenciones a algunos sectores, y la modificación de cuotas para extranjeros. La propuesta fue aprobada con 341 votos a favor, 95 en contra, y se enviará al Senado para su ratificación.
Entre los puntos destacados de la ley, se encuentra el aumento del derecho por extracción minera, que sube del 7.5 al 8.5 por ciento, y el incremento de ingresos extraordinarios por la extracción de metales preciosos como oro, plata y platino. El PT destacó que estos cambios buscan asegurar que los recursos naturales del país sean una “riqueza compartida” con la sociedad.
Además, se introdujeron cambios significativos, como la eliminación de exenciones fiscales para las escuelas de aviación que utilizaban el espacio aéreo mexicano, y la modificación de las cuotas que deben pagar los extranjeros al ingresar al país. De acuerdo con los diputados de la mayoría, un 67 por ciento de estas cuotas se destinarán al Ejército para el mantenimiento del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, mientras que el 33 por ciento restante irá a la Tesorería de la Federación.
La oposición, por su parte, señaló varias preocupaciones en torno a la falta de transparencia en el destino de los recursos. La panista Eva María Vázquez criticó la ley por considerarla un “cochinito de caprichos presidenciales”, al señalar que los fondos recaudados no se destinan a áreas prioritarias como la salud, la educación o la seguridad, sino a proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, que considera mal gestionados.
Emilio Lara Calderón, del PRI, lamentó la ausencia de un componente relacionado con los ingresos por la venta de petróleo y advirtió que solo un 30 por ciento de los recursos irían a las necesidades de la población, mientras que el 70 por ciento se destinaría a Pemex, una empresa que, según él, sigue siendo mal administrada.
Por su parte, Héctor Saúl Téllez, del PAN, cuestionó la falta de claridad en torno a cuánto se recauda de los derechos que los extranjeros deben pagar al ingresar al país, cifrando esta bolsa en aproximadamente 22 mil millones de pesos, sin que se especifique el uso de estos recursos. Según Téllez, el proyecto “está lleno de opacidad” y no representa una “riqueza compartida”, sino un “saqueo”.
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