• Se actualizan detalles sobre juicios políticos y posibles desafueros

Ciudad de México/ La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados ha determinado que no existen elementos que acrediten el cierre del expediente del senador Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que el proceso en su contra por presuntos actos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y corrupción cuando fue gobernador de Campeche, sigue en revisión.

De acuerdo con un documento interno, los diputados de la Comisión recibieron un exhorto del Congreso de Campeche solicitando el estatus del expediente, y se respondió indicando que se encuentra en etapa de revisión. Este expediente es uno de los más relevantes en términos de la declaración de procedencia, ya que Moreno Cárdenas está acusado de diversos delitos durante su gestión como gobernador.

Por otro lado, el expediente relacionado con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha avanzado más allá, con un dictamen ya aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados para su declaración de procedencia.

En cuanto a otras denuncias de juicio político, destaca la situación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien enfrenta una denuncia que fue remitida a la Sección Instructora, y posteriormente reencausada hacia la Subcomisión de Examen Previo.

Además, la denuncia contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su actuación en relación con la reforma judicial, también se encuentra en la misma fase de revisión por parte de la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora.

Por otro lado, los casos de dos ex legisladores, Sonia Murillo Manríquez y Rubén Gregorio Meraz Álvarez, están siendo analizados, con acusaciones de abuso de atribuciones y violación al Plan de Desarrollo Urbano, respectivamente.

PROPUESTA DE LEY DE JUICIO POLÍTICO

En medio de estos procesos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional, anunció la iniciativa para crear una nueva “Ley de Juicio Político” en México. Esta ley, que de aprobarse, marcaría un precedente histórico en el país, tiene como objetivo establecer procedimientos claros y agilizar los trámites relacionados con los juicios políticos. 

"Esta ley va a aclarar todos los procedimientos y será reglamentaria del título cuarto de la Constitución", comentó el diputado Flores Cervantes, quien destacó la importancia de tener un marco normativo sólido para enfrentar estos casos.