CDMX/ La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a eliminar la figura de la prisión preventiva, tras resolver que esta práctica vulnera los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. En dos casos analizados y decididos en 2022 y 2024, el organismo determinó que México incurrió en violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas.

En sus sentencias, la CIDH ordenó al Estado mexicano eliminar las medidas de arraigo y evitar la aplicación de prisión preventiva oficiosa (PPO) antes del inicio formal de un proceso judicial. Este tipo de prácticas, según la Corte, contraviene estándares internacionales de derechos humanos y debe ser reemplazado por mecanismos que respeten el principio de presunción de inocencia.

Propuesta de la SCJN sobre la prisión preventiva

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un proyecto elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo relacionado con la prisión preventiva oficiosa. El caso en cuestión se refiere a una acusación de homicidio, donde el imputado solicitó que no se le aplicara la PPO. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada tanto por un juez penal como por un juez de distrito, lo que llevó al acusado a tramitar un juicio de amparo ante la SCJN.

La propuesta busca replantear el alcance y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, armonizando la normativa nacional con las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH.

Un llamado al respeto de los derechos humanos

La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de críticas por considerarse una medida que, en muchos casos, penaliza a personas sin una condena previa, afectando su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. De ser aceptada la propuesta de la SCJN, México daría un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.