• Ministros votan en contra de la revocación del acuerdo, se mantiene congelada la elección judicial para junio

Ciudad de México/ En una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), que mantiene suspendidas las actividades del proceso de selección de candidatos para los cargos judiciales, entre ellos los jueces, magistrados y ministros que serán electos en junio.

Con seis votos a favor y cuatro en contra, la decisión de no reactivar el proceso electoral fue respaldada por la mayoría de los ministros. En contra votaron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes argumentaron que el Comité de Evaluación se excedió en sus facultades al suspender dicho proceso.

La medida cautelar fue emitida por la jueza sexta de Distrito en Materia Administrativa en Zapopan, Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, quien concedió una suspensión definitiva que ordena frenar el proceso de selección judicial. El Comité de Evaluación del PJF, compuesto por cinco miembros, acató la orden y suspendió todo avance en la elección, según el acuerdo publicado el 7 de enero.

Este acuerdo implica la paralización del proceso electoral extraordinario para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, hasta que se revoque o modifique la suspensión.

La ministra Lenia Batres solicitó que el pleno de la SCJN destituyera a los integrantes del Comité de Evaluación, argumentando que su decisión de suspender el proceso fue unilateral y carecía de sustento jurídico. Según Batres, el Comité solo tiene facultades técnicas, internas y administrativas, y no puede tomar decisiones que interfieran con las funciones de la SCJN, que es la autoridad encargada de formular las propuestas de candidatos.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exigió suspender la elección judicial debido a los desafíos logísticos y el recorte de presupuesto del INE, lo cual podría comprometer la independencia judicial y la calidad del proceso electoral. La agrupación también advirtió sobre el riesgo de irregularidades y la injerencia política en el proceso, que podría vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos y minar la confianza en la República.