• La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que el Comité de Evaluación debe retomar el proceso en menos de 24 horas, tras una suspensión emitida por un juez de distrito

Ciudad de México/ La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por mayoría de votos, reactivar el proceso de selección de jueces, ministros y magistrados que había sido suspendido por una medida cautelar dictada por el juez Primero de Distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú. Con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal ordenó que el Comité de Evaluación del Poder Judicial retome sus funciones en un plazo no mayor a 24 horas.

En su resolución, el TEPJF también ordenó que se dé vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue la actuación del juez Santamaría Chamú, quien había suspendido el proceso de selección. Además, se acordó presentar una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal contra dicho juez. También se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se pronuncie sobre la situación de las personas registradas como aspirantes a jueces, que podrían quedar fuera del proceso de selección.

La resolución fue presentada por la magistrada Mónica Soto, quien destacó la importancia de que el Comité de Evaluación se ajuste a las reglas y principios que atañen a la materia electoral, así como a las responsabilidades establecidas por la reforma judicial en la Constitución. Soto Fregoso remarcó la supremacía constitucional del TEPJF en materia electoral y aseguró que ninguna otra autoridad ajena a esta jurisdicción puede intervenir en el proceso.

El proyecto de Soto fue respaldado por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Alfredo Fuentes. Sin embargo, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis votaron en contra. Rodríguez Mondragón expresó que existía una duda competencial que debería ser resuelta por la SCJN antes de que el TEPJF pudiera intervenir en el caso. Por su parte, Otálora Malassis se mostró en desacuerdo con la denuncia penal al juez ante la FGR, sugiriendo que el asunto debía ser resuelto dentro del ámbito del Consejo de la Judicatura Federal, no mediante medidas penales.