Oaxaca, Oax./ La persecución, hostigamiento y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y del territorio, así como activistas y organizaciones sociales, han convertido a Oaxaca en el estado más peligroso para estas actividades. Desde 2018, el proyecto Alas y Raíces ha documentado el asesinato de 58 personas defensoras y la desaparición de otras seis.

Mientras la inconformidad social crece, el secretario de las Culturas, Flavio Sosa Villavicencio, defiende las cifras oficiales que muestran un descenso en los índices de criminalidad. Sin embargo, admite que la postura crítica del gobernador Salomón Jara Cruz hacia sus adversarios genera un ambiente de confrontación.

Representantes de organizaciones sociales y docentes advierten sobre el endurecimiento del discurso y la política del mandatario en contra de los movimientos sociales, lo que consideran una contradicción con su pasado como líder de la Unión Campesina Democrática (UCD). “Salomón Jara es vengativo y autócrata. Ha crecido el narcotráfico y la violencia bajo su mandato”, afirma Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Vargas sostiene que Jara Cruz busca desmovilizar la oposición dividiendo y desconociendo a las organizaciones sociales. Además, se ha articulado un movimiento que demanda su renuncia y revocación de mandato. La recién creada Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (Unapo) se ha manifestado ante hechos como el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, comisario de bienes ejidales de Buena Vista Mixe, denunciando que la violencia en la región es consecuencia de la imposición del proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Carlos Beas Torres, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), señala que Oaxaca sigue siendo el estado con más ataques a defensores de derechos humanos. De 225 asesinatos de activistas en México desde 2018, 58 ocurrieron en la entidad. Beas denuncia que existen 24 integrantes de Ucizoni criminalizados por la defensa de sus tierras, obligados a entregarlas a cambio de pagos injustos.

El informe de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), a través de su proyecto Alas y Raíces, destaca que los derechos más violentados en Oaxaca son los políticos y la organización en defensa del territorio. Marcos Leyva, integrante de Educa, advierte que la criminalización de organizaciones no afines al gobierno se asemeja a estrategias represivas de las décadas de 1970 y 1980, lo que podría desencadenar un estallido social.

Por su parte, Flavio Sosa Villavicencio considera que las críticas hacia Jara Cruz provienen del "viejo régimen" y asegura que el estado no practica una política de represión. Sin embargo, el Frente Popular Revolucionario sostiene que existe una estrategia gubernamental para desmantelar la oposición. “No hay una primavera oaxaqueña, sino un invierno oaxaqueño. En enero se cometieron 69 asesinatos”, indica Carlos Daniel Lara Juárez.

Alejandro Cruz, de la Organización India por los Derechos Humanos de Oaxaca, concluye que el malestar social va en aumento y que las reacciones organizadas podrían intensificarse en los próximos meses.