• Bloque del INE propone aumentos significativos a los límites de gastos de campaña para cargos nacionales y locales 
• Carla Humphrey y Guadalupe Taddei impulsan nuevas cifras que buscan mayor claridad y transparencia 

Ciudad de México/ Frente a una orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para recalcular los topes de campaña en la elección de juzgadores, un bloque del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) está perfilando aumentar estos "gastos personales" a más de un millón de pesos para los cargos nacionales. La propuesta también contempla diferencias basadas en el alcance territorial de cada contienda. 

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, quien desde la sesión anterior había impulsado un esquema superior al tope inicial de 220 mil 326 pesos, expresó en entrevista: “se los dije”. Su comentario responde a la determinación del INE, que había fijado ese monto como el límite para los gastos de campaña de todos los candidatos, una medida que fue finalmente rechazada por el TEPJF. 

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En respuesta, el bloque minoritario dentro del INE prepara un nuevo acuerdo que será presentado al pleno en la sesión de la próxima semana. Según la ley electoral, los topes de gastos deben diferenciarse dependiendo del tipo de elección, ya sea para ministros, magistrados o jueces de distrito. Humphrey explicó que los cálculos tomaron como base los 220 mil pesos y luego se ajustaron según las características de las elecciones, considerando factores como los distritos electorales o los circuitos judiciales.  

Por su parte, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, presentó una propuesta de topes de campaña diferenciados, que incluyen 1.4 millones de pesos para los candidatos a la Suprema Corte de Justicia (ministros), 881 mil 304 pesos para los candidatos a las salas regionales del TEPJF, 413 mil 111 pesos para aspirantes a tribunales colegiados de circuito, y 220 mil 326 pesos para los postulantes a juzgados de distrito. 

El objetivo final de estas modificaciones es garantizar una fiscalización adecuada, permitiendo una mayor claridad y transparencia en cuanto al origen y destino de los recursos utilizados en las campañas electorales.