• La ONG urge a esclarecer los hechos en Jalisco, donde se encontraron múltiples fosas y crematorios clandestinos atribuidos al crimen organizado
• Amnistía Internacional denuncia la falta de acción del Estado ante la desaparición forzada y la violencia contra las mujeres buscadoras

Ciudad de México/ Amnistía Internacional (AI) instó este jueves al Gobierno de México a investigar los recientes hallazgos de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, atribuidos al crimen organizado. La directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto, señaló que el Estado debe disponer de los recursos necesarios para esclarecer los hechos y dar un trato digno a los familiares de las personas desaparecidas, quienes han identificado prendas entre los hallazgos.

La organización destacó que, en días recientes, colectivos de búsqueda han localizado en Jalisco cientos de prendas de vestir y otros objetos, lo que ha generado gran angustia entre los familiares de las víctimas. Olivares Ferreto subrayó que el Estado mexicano ha sido “el gran ausente” en la crisis de desapariciones forzadas, un problema que ha sido abordado principalmente por colectivos de personas buscadoras, en su mayoría mujeres. La activista destacó que estas personas han desempeñado un papel crucial en la localización de los cuerpos de los desaparecidos, por lo que pidió al Gobierno que las reconozca como defensoras de los derechos humanos y les brinde las garantías necesarias para continuar con su labor.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 122 mil personas han desaparecido en México desde 1950, con un aumento exponencial desde 2006, año en que comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Amnistía Internacional también alertó sobre el alto riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, señalando que entre 2019 y 2024, 16 de ellas fueron asesinadas, 13 de las cuales eran mujeres.

La ONG también criticó la militarización de la seguridad pública en México, argumentando que contraviene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reiteró la necesidad urgente de que el Gobierno asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y en la solución de la crisis de desapariciones en el país.