El objetivo, agregó, “es que las fiscalías estatales contribuyan con este esquema, la Fiscalía General de la República (FGR) y todas las comisiones de búsqueda de los estados”.
Insistió que el objetivo es “fortalecer los mecanismos (que existen) y nuevos mecanismos que estamos planteando”.
Aunque aún no lo define, manifestó que probablemente el Senado sea la Cámara de origen para las reformas legales a leyes secundarias que impulsa.
El lunes presentó seis acciones que emprenderá su administración contra la desaparición. Entre ellas, una iniciativa de reforma a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.
La segunda iniciativa, para reformar la actual ley en materia de desapariciones, con el objetivo de decretar la Base Única de Información Forense que se alimentará con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y FGR, así como de los servicios forenses estatal y federal.
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Asimismo, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o, incluso, a personas fallecidas.
También incluye el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, la cual contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la FGR, las fiscalías estatales, la CNB, las comisiones de búsqueda estatales y la agencia de transformación digital.
