CDMX/ El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, denunció que, derivado de juicios emprendidos por casos de corrupción y lavado de dinero, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, se han bloqueado cuentas por un monto total de 32 mil 531 millones de pesos. Sin embargo, resoluciones del Poder Judicial han ordenado el descongelamiento de 23 mil 575 millones de pesos mediante juicios de amparo promovidos por los presuntos responsables.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas resoluciones como actos de corrupción, argumentando que la UIF solo congela cuentas cuando se han identificado malos manejos de recursos vinculados a delitos de cuello blanco o delincuencia organizada. “Esta corrupción de los jueces y muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otra razón más para lo que va a suceder el primero de junio”, aseveró.

Gómez informó que desde diciembre de 2018, la UIF ha incluido en la lista de personas con cuentas bloqueadas a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 empresas, sumando un total de 7 mil 815 sujetos. De esta lista, 910 personas físicas y 360 empresas han sido desincorporadas.

El titular de la UIF condenó que los jueces ordenen el descongelamiento de cuentas mediante suspensiones provisionales, sin que los juicios hayan concluido. “Todo esto es para beneficiar a personas que lavan dinero. No puede ser producto de otra cosa más que de estructuras de corrupción. Nada de esto es gratuito”, señaló.

En respuesta, Sheinbaum anunció que su gobierno enviará nuevas iniciativas al Congreso para fortalecer el control sobre el manejo ilícito de recursos financieros. Gómez destacó la necesidad de un sistema de control financiero más eficaz, señalando que “México tiene un inmenso comercio con Estados Unidos y problemas con narcotráfico y crimen organizado. En todas estas cosas, el instrumento que se usa es el lavado de dinero”.

El informe presentado por Gómez también abordó el caso de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, acusados de fraude en el sistema penitenciario. Se les atribuye la obtención ilícita de grandes sumas de dinero mediante contratos fraudulentos. Ambos se encuentran en Estados Unidos, eludiendo la justicia mexicana, aunque se espera que sean extraditados.

El titular de la UIF enfatizó que “se les liberaron las cuentas sin un juicio de fondo. Han sido reincorporados al sistema financiero y pueden operar libremente, al igual que cientos de personas en situaciones similares”. La UIF continuará con sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero en el país.