• Comité contra la Desaparición Forzada abre proceso por posible práctica sistemática en el país 
• Llama a proteger hallazgos clave en Teuchitlán, Jalisco, y garantizar participación de familias 

Ciudad de México/ El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez en su historia un procedimiento extraordinario en contra de México, ante la posibilidad de que las desapariciones forzadas se estén cometiendo de forma generalizada o sistemática en el país. 

El mecanismo, previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, abre la puerta a que el caso sea llevado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Como parte del proceso, el Comité solicitará al gobierno mexicano toda la información pertinente.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se trata del recurso más extremo disponible para este Comité y su activación responde a la falta de implementación de las recomendaciones formuladas en 2021, como la creación de una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones.

“Instamos al Estado mexicano a colaborar activamente con este nuevo análisis, enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional”, señaló el organismo.

TEUCHITLÁN, FOCO DE ATENCIÓN INTERNACIONAL

El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se presume operaba un centro de reclutamiento, tortura y asesinato, es uno de los detonantes del proceso. El Comité exige al Estado mexicano resguardar el predio y los restos óseos hallados, realizar investigaciones exhaustivas y coordinar la búsqueda con participación activa de las familias.

El exhorto responde a una solicitud de la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que han presentado 18 casos con medidas cautelares, argumentando que la falta de protección puede ocasionar la pérdida de pruebas clave.

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, enfatizó la urgencia de garantizar no solo el resguardo del sitio y los hallazgos, sino también la protección y participación de los colectivos que realizaron las búsquedas.

PREOCUPACIÓN POR AMENAZAS Y OMISIONES

El Comité también expresó alarma por las denuncias de amenazas e intimidaciones contra integrantes de colectivos de búsqueda, así como por las restricciones que enfrentan para acceder a información sobre investigaciones relacionadas con sus familiares.

“El Comité está particularmente preocupado por el riesgo de daño irreparable a los restos localizados y por los obstáculos que enfrentan las familias para participar en los procesos”, indica su pronunciamiento oficial.

En ese sentido, el organismo internacional exige que se refuercen los mecanismos de protección a buscadoras y activistas, y que se mantenga informadas a las familias sobre los avances de las investigaciones.

Según cifras recopiladas por el medio Animal Político, entre 2010 y marzo de 2025 se han registrado al menos 24 asesinatos y cuatro desapariciones de personas buscadoras. La más reciente fue la de Teresa González Murillo, quien falleció el pasado 2 de abril tras sobrevivir a un atentado mientras buscaba a su hermano.

El Comité dejó claro que la participación de los familiares debe extenderse más allá del ámbito penal, integrándose de manera sustantiva en todos los procesos relacionados, incluida su protección ante posibles represalias.