• La reforma permitiría venta de ultraprocesados dentro y fuera de planteles educativos
• Universidades quedarían exentas y Cofepris perdería facultades de verificación

Ciudad de México/ La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, busca revertir varias disposiciones clave de la legislación que prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas del país. Un proyecto de reforma en poder del semanario Proceso revela que el equipo del nuevo titular pretende permitir el uso de productos con sellos de advertencia para preparar alimentos en las tiendas escolares, suavizar las restricciones en torno a su venta fuera de los planteles y excluir a las universidades de la normativa.

De aprobarse esta reforma, las medidas adoptadas el pasado 30 de septiembre –último día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador– perderían fuerza, abriendo paso al regreso de productos ultraprocesados en los entornos escolares. México declaró en 2016 una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, enfermedades vinculadas directamente al alto consumo de este tipo de alimentos.

Entre los cambios propuestos por la SEP destaca que las tiendas escolares podrían preparar y vender alimentos que incluyan productos con sellos del etiquetado frontal, como carnes frías, pan industrializado o aderezos con exceso de sodio, azúcar o grasas saturadas. Asimismo, se eliminaría el control sobre la venta y publicidad de estos productos en el entorno inmediato a los planteles, un punto que hasta ahora debía ser vigilado por las autoridades escolares.

La iniciativa también recorta las funciones de la Cofepris, que dejaría de estar facultada para realizar verificaciones sanitarias, y elimina sanciones para autoridades educativas que permitan el expendio de comida chatarra. En su lugar, las únicas restricciones quedarían enfocadas a impedir la promoción publicitaria de estos productos, no su comercialización directa.

En cuanto a la educación superior, la SEP propone excluirla de la prohibición total, limitando su participación a campañas de concientización y promoción de estilos de vida saludables, sin ninguna restricción efectiva sobre los alimentos disponibles en sus instalaciones.

El proyecto ha generado preocupación en sectores de salud pública, que advierten sobre un retroceso en la protección de la salud infantil y juvenil, y una flexibilización que beneficiaría a la industria de alimentos ultraprocesados en detrimento del interés público.