• El Consejo de la Judicatura Federal denuncia falta de consulta y emprende acción legal 
• Jufed exige cumplimiento inmediato del pago extraordinario por retiro derivado de la reforma judicial

Ciudad de México/ El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió sin su consentimiento más de 10 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación, recursos que estaban destinados a cubrir indemnizaciones extraordinarias a juzgadores que se retiren o no sean electos en el marco de la reforma judicial.

De acuerdo con el CJF, el monto exacto transferido por Nafin asciende a 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, mismos que fueron depositados sin que mediara consulta o instrucción alguna del órgano del Poder Judicial de la Federación, pese a las cláusulas contractuales que lo establecen como fideicomitente. El Consejo ya inició medidas de conciliación y una estrategia legal para impugnar el movimiento financiero.

Estos recursos estaban destinados a cumplir con lo estipulado en los artículos transitorios Décimo del Decreto de Reforma al Poder Judicial y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica, que prevén pagos extraordinarios para quienes declinen participar en los nuevos procesos de elección judicial o no resulten electos.

A esta situación se sumó la denuncia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), encabezada por Juana Fuentes Velázquez, quien aseguró en una carta dirigida al Pleno del CJF que varios juzgadores ya retirados no han recibido la indemnización correspondiente. Acusó al Estado mexicano de incurrir en una violación reiterada de derechos fundamentales al no cumplir con este pago extraordinario, exigido por la reforma constitucional.

La Jufed advirtió que la falta de suficiencia presupuestal no puede justificar el incumplimiento de esta obligación legal y solicitó que se realicen los pagos de forma inmediata a quienes ya se encuentren en los supuestos legales. En caso contrario, el Consejo deberá fundamentar la negativa, para que la asociación pueda definir los pasos legales a seguir en defensa de sus agremiados.