Los lineamientos del INE prohíben explícitamente la difusión de propaganda electoral que haga referencias directas o indirectas a partidos políticos. No obstante, algunos candidatos han incurrido en conductas contrarias, como difundir anuncios pagados en redes sociales, hacer declaraciones con connotaciones partidistas y ausentarse de funciones judiciales para hacer campaña.

Una de las figuras señaladas es la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien busca permanecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante un evento público realizado el 6 de abril en Puebla, Ortiz se definió como fundadora de Morena y simpatizante del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Soy obradorista, participé en la creación de Morena, pero cuando fui nombrada ministra renuncié a mi militancia”, afirmó. Esta declaración contraviene los lineamientos del INE que prohíbe cualquier vínculo partidista en la promoción de candidaturas judiciales.

Otra candidata, María Estela Ríos González, también ha sido señalada para utilizar contenido que exalta su cercanía con el expresidente. En sus redes sociales, difundió un video que incluye un fragmento de la conferencia matutina del 2 de septiembre de 2021, donde López Obrador elogia su trayectoria. Ríos González ha sido sujeto a un procedimiento sancionador por parte del INE, al que calificó como un acto de censura.

Asimismo, Ingrid Tapia, aspirante a ministra de la SCJN, ha sido promovida en Facebook a través de la página Amigos de Toro Burgos con la ministra , la cual ha invertido más de 13 mil pesos en publicidad durante los últimos 30 días, según datos de la biblioteca de anuncios de Meta. Esta acción infringe las disposiciones que impiden la contratación de espacios publicitarios para promocionar candidaturas judiciales.

En una situación similar se encuentra Dora Martínez Valero, quien se presenta como “Dora la transformadora” en redes sociales. Desde enero hasta abril, ha gastado alrededor de 2 mil 700 pesos en anuncios, violando lo establecido tanto en la Constitución como en los lineamientos del INE.

El Instituto también establece que las personas servidoras públicas que ostentan una candidatura no pueden descuidar sus funciones. No obstante, la ministra Lenia Batres, también en campaña para conservar su cargo, ha faltado a dos sesiones de la Segunda Sala de la SCJN, lo que ha provocado la suspensión de las mismas por falta de quórum. En contraste, su colega Yasmín Esquivel, quien también busca la reelección, sí ha ayudado a las sesiones.

Aunque el INE exhortó a los candidatos a solicitar licencia si sus actividades son incompatibles con la campaña, esta medida quedó como una recomendación y no como una obligación formal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los controles establecidos para esta elección inédita en el Poder Judicial.

El proceso electoral de este año representa un momento sin precedentes en la historia del país, donde las decisiones del electorado definirán la integración de la Suprema Corte. Sin embargo, las violaciones a las normas por parte de aspirantes ponen en entredicho la imparcialidad y legalidad del proceso.