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Ciudad de México/ La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el proceso realizado por el Senado de la República para designar a 56 magistrados electorales locales, a pesar de los cambios de último minuto introducidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la lista presentada al pleno legislativo.
El máximo órgano electoral determinó, por mayoría de votos, que no se violaron las formalidades establecidas en la convocatoria, luego de que Dulce María Angulo Ramírez impugnara el acuerdo aprobado el 9 de abril por el pleno del Senado, en particular la designación de Ester Terova Cote como magistrada del Tribunal Electoral de Tlaxcala.
El proceso de designación se llevó a cabo en dos días consecutivos. El 8 de abril, Morena y sus aliados no lograron alcanzar la mayoría calificada para aprobar el paquete de nombramientos de magistraturas locales correspondientes a 30 entidades del país. Un día después, el tema fue nuevamente sometido a votación en el pleno.
Entre ambos días, la Junta de Coordinación Política realizó modificaciones en la lista original, particularmente en los nombramientos de Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Yucatán. Esta situación generó críticas por falta de transparencia y supuestas irregularidades en el procedimiento legislativo.
Angulo Ramírez argumentó ante el TEPJF que, al no alcanzarse la votación requerida en la primera ronda, la Jucopo debió presentar una propuesta distinta para ser considerada por el pleno, tal como lo establece la convocatoria.
No obstante, los magistrados de la Sala Superior concluyeron que las bases decimoquinta y decimosexta de la convocatoria no obligaban a modificar las propuestas si no alcanzaban la votación necesaria en una primera instancia. En ese sentido, validaron que la misma propuesta fuera votada nuevamente sin incurrir en una violación al proceso.
Con esta decisión, el TEPJF respalda la legitimidad del procedimiento legislativo y allana el camino para que los 56 magistrados designados asuman sus cargos en los tribunales electorales locales correspondientes. La resolución también sienta un precedente sobre la interpretación flexible de las reglas de nombramiento en contextos políticos complejos dentro del Congreso.
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