• Consejeras advierten retroceso en derechos para personas con discapacidad visual
• Se comprometen a revisar medidas de accesibilidad para futuras elecciones

Ciudad de México/ El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que no habrá boletas en sistema braille para la elección judicial extraordinaria de 2025, al considerar inviable su implementación debido a los recortes presupuestales y al escaso margen de tiempo para organizar el proceso.

La decisión se tomó en respuesta a una consulta del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual. El INE argumentó que, dadas las características de las boletas judiciales –que incluyen listas de hasta 64 nombres sin emblemas partidistas–, la propuesta técnica de boletas en braille resultaba incompatible con el modelo actual de votación.

En sustitución, el instituto estableció que las personas con discapacidad visual podrán votar con la asistencia de alguien de su confianza. Aunque la medida fue aprobada por unanimidad, varias consejeras lamentaron el retroceso.

Carla Humphrey afirmó que la decisión “debe dejar una lección”, al subrayar que el recorte presupuestal aplicado al INE por la mayoría legislativa era previsible. Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad, advirtió que “es muy lamentable” tener que regresar en materia de progresividad de derechos, algo que se había trabajado desde 2003.

A propuesta del consejero Arturo Castillo, el Consejo General incluyó un compromiso institucional para evaluar, una vez terminado el actual proceso, opciones de accesibilidad –como el uso de braille electrónico– de cara a los próximos comicios. Este análisis deberá presentarse a más tardar en septiembre de 2026.

La adición fue rechazada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien la consideró innecesaria, pero quedó en minoría frente a una mayoría de consejeros que respaldó la inclusión del compromiso.

La elección judicial de 2025 es la primera en su tipo, producto de la reforma constitucional que permite a la ciudadanía elegir, por voto directo, a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, este episodio evidencia los desafíos para garantizar que todos los sectores de la población puedan participar en igualdad de condiciones.